De 2019 a 2022, las incautaciones de fentanilo en la frontera entre México y Estados Unidos aumentaron 300%. Además, el volumen total incautado en los puntos de entrada a EE. UU. fue 200 veces mayor en 2022 que en 2015.
Violencia homicida contra policías, periodistas y activistas sigue al alza. En 2022, se clasificó a México como el lugar más mortífero del mundo para ser activista ambiental, y el segundo más peligroso para hacer periodismo, sólo después de Ucrania.
El impacto económico de la violencia en México fue de 4.6 billones de pesos en 2022, equivalente al 18% del PIB nacional. Desde 2015, el aumento de homicidios provocó una pérdida de 324 mil millones de pesos (USD16 mil millones) en inversión extranjera directa.
La polarización política en México se ha visto intensificada principalmente en ciclos electorales particularmente polémicos e incluso violentos.
El Instituto para la Economía y la Paz (IEP, por sus siglas en inglés) presentó la décima edición del Índice de Paz México 2023.
Los resultados analizados revelan una reducción del 7.9% de los homicidios y modificaciones en los mercados ilegales de drogas, así como la disputa entre cárteles por territorios y por tener el control de los canales de distribución de estupefacientes hacia Estados Unidos.
Tres de los cinco indicadores del IPM mejoraron en 2022: homicidios, delitos cometidos con armas de fuego y cárcel sin sentencia. En especial, la tasa nacional de homicidios disminuyó 8%, la mayor caída desde 2015.
A pesar de estas mejoras, la tasa de 24.5 por cada 100 mil personas, sigue siendo alta y equivale a 87 homicidios por día.
Durante 2022, 17 estados registraron una mejora general en sus niveles de paz, mientras que 15 entidades sufrieron deterioros. Desde 2015, Yucatán se ha clasificado constantemente como el estado más pacífico del país, seguido de Tlaxcala, Chiapas, Nayarit y Tamaulipas.
Los cinco estados menos pacíficos son Colima, con el mayor deterioro de paz registrado y la tasa de homicidios más alta desde el inicio del IPM, hace 10 años; seguido de Zacatecas, Baja California, Guanajuato y Morelos, los cuales mostraron un aumento en cuanto a crímenes de la delincuencia organizada.
Colima experimentó el mayor deterioro del país. Como resultado, registró la peor calificación de paz y, la tasa de homicidios más alta, de cualquier estado desde el inicio del IPM. Más de dos tercios de los homicidios desde 2015, han sido a causa de violencia armada.
Y se ha convertido en un lugar extremadamente deseable para los cárteles, debido a su posicionamiento estratégico a lo largo de las rutas del narcotráfico.
La ciudad más grande del estado, Manzanillo, tiene el puerto más grande de México y sirve como punto de llegada de precursores químicos para sintetizar drogas, provenientes de Asia.
El crimen organizado sigue impulsando altos niveles de homicidio en México. Los estados que registraron los mayores deterioros en sus tasas de homicidio albergaron conflictos entre cárteles.
En 2015, los enfrentamientos en los que participaba al menos uno de los dos cárteles más poderosos del país, el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, representaban el 42% de todas las muertes por conflictos entre grupos de la delincuencia organizada, pero en 2021 la cifra se elevó al 95% de estas muertes.
En los últimos años se han presentado cambios en los mercados de drogas ilegales y narcóticos sintéticos: mientras que la demanda de marihuana traficada ilegalmente a Estados Unidos sigue disminuyendo, las incautaciones de fentanilo crecieron 300% en la frontera con Estados Unidos en los últimos 3 años.
Las armas de fuego se han convertido, en los últimos ocho años, en la principal causa de homicidios tanto de hombres como de mujeres. Entre 2015 y 2022, la proporción de homicidios masculinos cometidos con arma de fuego aumentó de 61% a 72%, mientras que la proporción de homicidios femeninos, incluidos los asesinatos de mujeres por motivos de género conocidos como feminicidios, pasó del 38% al 60%.
La violencia homicida contra policías, periodistas y activistas sigue al alza. En 2022, se clasificó a México como el lugar más mortífero del mundo para ser activista ambiental, y el segundo más peligroso para hacer periodismo, solo después de Ucrania.
Carlos Juárez, Director en México del Instituto para la Economía y la Paz, comentó: “Los últimos años, hemos mejorado en ciertos rubros relacionados con la paz. Sin embargo, es importante contar con un enfoque integral para abordar la compleja dinámica de la inseguridad, la violencia y la resiliencia socioeconómica. Por otra parte, es fundamental aumentar la inversión en los sistemas de justicia y de seguridad, así como hacer frente a la corrupción y mejorar la gobernanza para fomentar una paz sostenible. Construir la paz en México requiere de políticas públicas complejas y articuladas, que fortalezcan las instituciones y reconstruyan la confianza de la gente en sus gobiernos para fomentar la colaboración”.
En 2022, el impacto económico estimado de la violencia en México fue de 4.6 billones de pesos (USD 230 mil millones). Esto equivale al 18.3% del PIB de México o 35,705 pesos por persona.
Este rubro mejoró por tercer año consecutivo, disminuyendo en un porcentaje récord de 5.5%, o 270 mil millones de pesos, con respecto al año anterior. Por otra parte, se calcula que entre 2015 y 2022 el aumento de homicidios provocó una pérdida de 324 mil millones de pesos (USD16 mil millones) en inversión extranjera directa.
Por primera vez, se incluyó en esta edición del IPM un análisis sobre la polarización política y social en el país. El reporte concluye que la polarización socava la capacidad de los gobiernos para operar con eficacia y cohesión, así como también disminuye la confianza y la disposición de los ciudadanos para participar en los procesos cívicos.
De acuerdo con el análisis realizado, la falta de políticas públicas, la división en el panorama político nacional, así como la desigualdad económica y la corrupción han generado una polarización política que genera relaciones cada vez más antagónicas entre las voces dentro del gobierno, por un lado, y los medios de comunicación y el sector privado, por el otro.
Se identificó que el 52% de los mexicanos creía que su país estaba muy o extremadamente dividido y que el 65% creía que era poco probable que las divisiones pudieran superarse.
La falta de confianza en el gobierno y sus instituciones también conduce a una menor disposición a denunciar actividades delictivas a la policía.
