Ciudad de México. El Séptimo Tribunal Colegiado en materia Administrativa revocó la suspensión provisional que una juez federal de distrito concedió a la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) y que impedía a la Secretaría de Educación Pública (SEP) imprimir los libros de texto para el ciclo escolar 2023-2024.
En una sesión extraordinaria de tres minutos y sin mayor debate, los magistrados consideraron fundado el recurso de queja que interpuso la dependencia.
Yadira Elizabeth Medina Alcántara, titular del Juzgado Tercero de Distrito en materia Administrativa, programó para este jueves la audiencia incidental donde determinará si le otorga a la UNPF la suspensión definitiva.
Si la togada otorga la medida cautelar, las autoridades educativas podrán impugnar de nuevo la resolución.
Por su parte, la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos también impugnó la suspensión provisional que un juez federal le concedió a la la Unión de Padres de Familia.
El recurso de queja contra la resolución judicial del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en Ciudad de México, se sumó al de la SEP, quien esta impugnó el fallo de la suspensión temporal contra la impresión del tiraje.
“Se recibe el oficio presentado en representación de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, mediante el cual interpone recurso de queja contra el auto de 10 de mayo de 2023, en el que se concedió la suspensión provisional a la parte quejosa”, señala el resolutivo de la juez.
Mañana la jueza Elizabeth Medina Alcántara determinará si concede a la UNPF la suspensión definitiva.
El pasado 18 de mayo la impartidora de justicia resolvió sobre la suspensión provisional al juicio de amparo que presentó Marco Antonio Carlos Dueñas González a nombre de la agrupación contra la orden y/o autorización de imprimir los libros de texto gratuitos de primaria –cinco de primer grado, otro tanto de segundo, dos de tercero y dos de cuarto grado– bajo el argumento de no adecuarse a los planes y programas de estudio vigentes ni seguir el procedimiento previsto para su emisión. En esa ocasión la impartidora de justicia dio 15 días a la SEP para que rinda sus informes justificados.
En su momento, representantes de la UNPF pidieron a las autoridades que detengan la impresión de los nuevos textos, pues señalaron que nunca fueron consultados ni han sido aprobados. Recordaron que en meses pasados difundieron las inconsistencias encontradas en los libros que el gobierno pretende imponer como parte los nuevos materiales educativos.
