El 13 de junio el DIF Nuevo León rechazó aceptar la recomendación 01/VG/2023 de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Nuevo León por el homicidio del niño con discapacidad Ángel Moreno en las instalaciones de DIF Fabriles, en febrero del 2022, el cual calificó como un Crimen de Estado porque se estableció la participación activa de varios agentes estatales en la muerte del niño, la cremación inmediata, acciones para borrar evidencias y la construcción de una ‘verdad institucional’ basada en desinformación para encubrir a los funcionarios públicos.

Desde la muerte de Ángel Moreno las autoridades de Nuevo León y el partido Movimiento Ciudadano siguen desoyendo el llamado de diversas organizaciones sociales del México y Estados Unidos que solicitaron al gobernador Samuel García su intervención inmediata para facilitar las investigaciones correspondientes y no encubrir a los funcionarios responsables.

La Fiscalía estatal encontró elementos suficientes para sustentar el homicidio del niño a manos de un enfermero, su agonía de más 15 horas sin trasladarlo a un hospital, las instrucciones de dos altos directivos del DIF Nuevo León para borrar evidencias, ordenar la cremación del cuerpo e impulsar una campaña de desinformación.

Actualmente hay una orden de aprehensión contra el enfermero prófugo, otro funcionario está llevando el proceso en libertad y el ex director del DIF está amparado, además de usar argucias legales para limitar la investigación fue nombrado presidente del partido político del gobernante.

El partido Movimiento Ciudadano, que llevó a la gubernatura a Samuel García y que ahora tiene como presidente estatal al ex director del DIF Nuevo León, se encuentra en la obligación legal y ética de no encubrir un Crimen de Estado, más aún cuando electoralmente se presenta como una tercera vía, por lo que está obligado a no repetir el pacto de impunidad que caracteriza a todos los partidos políticos y sus gobernantes.