El sábado 1 de julio entro en vigor la nueva Ley SB 1718, una de las más duras en su tipo en los Estados Unidos contra los migrantes indocumentados. La norma fue promulgada por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, en donde castiga a los indocumentados y a quienes los ayuden.
La legislación contempla una extensa gama de sanciones tanto para aquellos que ingresen al país de manera indocumentada como para aquellos que les proporcionen empleo o los transporten desde otras regiones, sabiendo que se encuentran en situación migratoria irregular en los Estados Unidos.
Esta ley incluye medidas que afectarán a los indocumentados en el ámbito laboral, de identificación, de transporte y de salud.
La población migrante desempeña un papel fundamental en la economía de Florida. De acuerdo con BBC Mundo, estas medidas afectarán directamente a las personas en los siguientes ámbitos:
Los inmigrantes indocumentados gastan el 7.3% de sus ingresos en pagar impuestos en Florida, contribuyendo con 923 millones de dólares al estado, según las estimaciones. Gina Fraga, abogada especializada en migración, advirtió que la nueva ley podría generar falta de mano de obra en el sector agrícola.
A partir del 1 de julio, las empresas con más de 25 empleados deben usar el sistema E-Verify del Departamento de Seguridad Nacional, que permite determinar la elegibilidad de sus empleados extranjeros para trabajar en Estados Unidos. Aquellos empleadores que no cumplan con este sistema se enfrentarán a diversas sanciones, incluyendo la posible revocación de su licencia como empleador.
Las licencias de conducir de otros estados para personas indocumentadas ya no son válidas en el estado de Florida. Quienes conduzcan con ellas en este territorio serán multados y posiblemente detenidos. Transportar a personas indocumentadas desde fuera de Florida es un delito que se castiga con hasta 15 años de prisión y con una multa de hasta US$10.00 por persona. No importa si son familiares, amigos o compañeros de trabajo.
Los gobiernos locales ya no pueden proporcionar fondos para los programas de identificación comunitaria, los cuales dotan a los titulares de una tarjeta que sirve como un documento de identificación para las autoridades en Estados Unidos.
“La SB 1718 hace la vida más difícil para los aproximadamente 775 mil inmigrantes indocumentados de Florida, a sus empleadores y familias”.
