Alicia Bárcena, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), informó que envió una nota diplomática a las autoridades de EE.UU., luego de que el Gobierno de Texas iniciara la colocación de una barrera de boyas en el río Bravo.
En un desayuno con medios de comunicación pocos días después de asumir la jefatura de la diplomacia mexicana, Bárcena Ibarra detalló que el Gobierno de Texas, encabezado por el republicano Greg Abbott, está violando el tratado de aguas binacional de 1944. razón por la cual se envió la nota diplomática.
Además, también se envió una misión de inspección territorial, por medio de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, para definir en dónde se están ubicando las boyas para que no atraviesen en el territorio mexicano.
El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, dijo este jueves que ya se ha iniciado la instalación de una barrera de boyas en el río Grande como parte de sus esfuerzos para para frenar la llegada de inmigrantes y el tráfico de drogas.
Los primeros 300 metros de boyas han comenzado a instalarse en el sector de Eagle Pass, en el condado de Maverick, conocido por ser un paso regular de migrantes indocumentados, dijo Abbott en un mensaje de Twitter.
La barrera flotante es parte del plan de seguridad fronteriza de 5 mil millones de dólares del gobernador republicano que, según dijo, ya ha tenido un gran impacto en la desaceleración de los cruces ilegales.
Activistas y residentes del sur de Texas protestaron la semana pasada por la instalación de las boyas. Adriana Martínez, geomorfóloga fluvial que ha publicado estudios sobre el efecto de la construcción de barreras en la frontera, dijo que “las boyas son otro intento de militarización de nuestra frontera que tiene un impacto en el río”.
“Al igual que la cerca federal, estas boyas cambiarán la forma en que fluye el agua y, por lo tanto, cambiarán el curso mismo del río”, añadió Martínez, según un comunicado de la Coalición Fronteriza de Eagle Pass.
La barrera ya enfrenta una demanda legal, establecida la semana pasada por Jessie Fuentes, dueño de un negocio de alquiler de kayaks, que alega que las boyas afectarán su empresa por limitar el acceso al río.
