Este día, a través de una rueda de prensa, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Altamira dio a conocer que mediante amparos ante un Juzgado Federal y una denuncia en Derechos Humanos, los comerciantes afectados por los cateo de la Fiscalía General de la República, se van a defender.
De acuerdo a lo estimado por los propios dueños de estos negocios, un promedio de 250 familias se ven afectadas por el cierre de 30 establecimientos.
En este sentido, Gonzalo Urbina Betancourt, presidente de la CANACO de este municipio consideró que las formas en las que se llevó a cabo este operativo no fueron las correctas por el uso excesivo de la fuerza de la ley, así como la violacion a los derechos de los comerciantes.
“Esos amparos tienen que ser individuales porque no es la misma situación o circunstancia, pero seguramente se hará eso, al menos eso se está pidiendo a nuestros socios que hayan sido afectados, es lo correctos y lo que molestó fueron las formas, no les fueron chance de defenderse a los comerciantes”, expresó el entrevistado.
Urbina Betancourt cuestionó que la Fiscalía General de la República procediera sin saber realmente si los comerciantes cuentan o no con facturas de los productos adquiridos.
El presidente de la CANACO afirmó que fue injusto que los tratarán como delincuentes, esto sin usar los medios correctos, sin embargo, se mantendrán respetuosos a las leyes.
