Nacional

En el primer semestre de 2023 la SFP sanciona a más de 100 licitantes, proveedores y contratistas del gobierno federal

Del 1 de enero al 30 de junio de 2023, la Secretaría de la Función Pública (SFP) impuso 124 sanciones
a 120 licitantes, proveedores y contratistas del gobierno federal, a quienes aplicó multas por un
monto global de 900 millones 783 mil 881 pesos, por infracciones cometidas a las leyes en materia
de contrataciones públicas y a la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas (LFACP).
Las conductas más recurrentes para la imposición de sanciones fueron: proporcionar información
falsa en los procedimientos de contratación, la no formalización de contratos adjudicados e
incumplimientos contractuales que causaron daños graves, de acuerdo con las leyes de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) y de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM).
Asimismo, se impusieron 12 sanciones, a 11 empresas, en términos de la LFACP, vigente al momento
de los hechos, por haber realizado acciones que tuvieran por objeto obtener un beneficio o ventaja
indebida en las contrataciones públicas de carácter federal, así como haber realizado actos u
omisiones para evadir los requisitos o reglas establecidos o simular su cumplimiento en las mismas.
Estas sanciones, impuestas mediante los Órganos Internos de Control y la Dirección General de
Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas, incluyen 82 inhabilitaciones que van de los 3
meses a los 7 años.
Las inhabilitaciones están publicadas en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados,
en el hipervínculo: https://directoriosancionados.apps.funcionpublica.gob.mx y su registro puede
variar dependiendo de las determinaciones dictadas en los medios de impugnación interpuestos.
En cumplimiento al Programa Sectorial de Función Pública y al Plan Nacional de Desarrollo 2019-
2024, la SFP cuenta con atribuciones para llevar a cabo procedimientos de sanción a licitantes,
proveedores y contratistas cuando infrinjan las disposiciones en materia de contrataciones públicas,
lo que contribuye a prevenir e inhibir actos de corrupción.

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