Departamento de Justicia de los Estados Unidos
Oficina de Asuntos Públicos
Comunicado de prensa
Miércoles 6 de septiembre de 2023
Los esfuerzos asiduos de coordinación y cooperación entre las autoridades de aplicación de la ley de Estados Unidos y México posibilitaron la extradición de una contrabandista de personas que presuntamente operó durante varios años en Mexicali, en la frontera entre Estados Unidos y México, como parte de una conspiración internacional de contrabando de personas.
En marzo, Ofelia Hernández-Salas, de 61 años, fue detenida en México en virtud de una solicitud de extradición de Estados Unidos y el 5 de septiembre fue entregada por México a las autoridades de EE. UU. para enfrentar cargos que habían sido previamente presentados en el Distrito de Arizona y que se dieron a conocer públicamente en marzo. Está previsto que tenga su primera comparecencia ante la justicia federal hoy más tarde en Phoenix, Arizona.
“Esta extradición es el resultado de la coordinación continua entre el Departamento de Justicia y nuestros socios mexicanos de aplicación de la ley para llevar ante la justicia a contrabandistas de personas que se aprovechan de la situación desesperada de los migrantes y menoscaban el Estado de derecho”, señaló la fiscal general adjunta interina Nicole M. Argentieri de la División Penal del Departamento de Justicia. “Es otro ejemplo del trabajo con alto impacto que la Fuerza Operativa Conjunta Alfa está llevando a cabo para desarticular operaciones delictivas peligrosas y desmantelar a organizaciones de criminalidad transnacional actuando contra sus líderes, dondequiera que operen”.
Según documentos judiciales, Hernández-Salas supuestamente conspiró con otros contrabandistas para facilitar el viaje de un gran número de migrantes a Estados Unidos desde Bangladés, Yemen, Pakistán, Eritrea, India, Emiratos Árabes Unidos, Uzbekistán, Rusia, Egipto, Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y México, así como a través de estos países. Hernández-Salas y otro implicado en la conspiración, Raúl Saucedo-Huipio, de 48 años, presuntamente cobraban a los migrantes sumas de hasta decenas de miles de dólares para llevar a cabo el viaje e indicaban a los migrantes dónde cruzar ilegalmente la frontera hacia Estados Unidos, incluso proporcionándoles una escalera para trepar la valla en la frontera. Hernández-Salas y los demás implicados en la conspiración también habrían robado dinero y pertenencias personales a los migrantes utilizando armas de fuego y navajas.
En junio, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. impuso las sanciones pertinentes a la organización delictiva transnacional de Hernández Salas.
Saucedo-Huipio permanece bajo custodia de las autoridades en México.
Las acusaciones formales contra Hernández-Salas y Raúl Saucedo-Huipio y sus posteriores detenciones fueron coordinadas a través de la Fuerza Operativa Conjunta Alfa (Joint Task Force Alpha, JTFA). La JTFA fue creada en junio de 2021 por el fiscal general Merrick B. Garland, en colaboración con el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Alejandro N. Mayorkas, con el propósito de fortalecer los esfuerzos del Departamento de Justicia para combatir el aumento del contrabando prolífico y peligroso que proviene de América Central e impacta en nuestras comunidades fronterizas. El objetivo de la JTFA es desarticular y desmantelar las redes de contrabando y trata de personas que operan en El Salvador, Guatemala, Honduras y México, enfocándose en las redes que ponen en peligro, abusan o explotan a los migrantes, presentan riesgos para la seguridad nacional o participan en otros tipos de criminalidad organizada transnacional.
“Cuando las organizaciones delictivas internacionales ponen en peligro a las personas que migran por motivos económicos en busca de una vida mejor en Estados Unidos, se requiere de una respuesta internacional”, explicó el fiscal federal Gary Restaino para el Distrito de Arizona. “La colaboración de la JTFA con México permite que administradores y organizadores de estas organizaciones rindan cuentas por las actividades delictivas de quienes se dedican al contrabando transfronterizo”.
“Esta extradición es otra muestra de nuestro compromiso a nivel global de investigar, combatir y desarticular a las redes de contrabando de personas”, expresó la directora ejecutiva asociada Katrina W. Berger de Investigaciones de Seguridad Nacional (Homeland Security Investigations, HSI). “HSI está abocada a su misión y a sus colaboraciones en materia de aplicación de la ley, en particular los logros conseguidos a través de los esfuerzos de la JTFA, que están orientados a erradicar estos crímenes y llevar a quienes los propagan ante la justicia”.
HSI Yuma está investigando el caso con la asistencia de la Patrulla Fronteriza de EE. UU., la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (Customs and Border Protection, CBP), Operaciones de Cumplimiento y Remoción del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU., el FBI y el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, trabajando en forma coordinada con HSI Tijuana, INTERPOL y la Unidad de Contrabando de Personas de HSI en Washington D.C. HSI también recibió asistencia significativa del Centro Nacional de Identificación/División contra las Redes de la CBP y la OFAC.
El codirector de la JTFA, James Hepburn, el abogado litigante Patrick Jasperse de la Sección de Derechos Humanos y Procesos Especiales de la División Penal y la fiscal federal adjunta Lisa Jennis del Distrito de Arizona impulsan la acción penal.
La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia brindó asistencia significativa para lograr el arresto y la extradición de la acusada desde México. El Departamento de Justicia agradece a sus socios mexicanos del área de aplicación de la ley, quienes fueron fundamentales en la detención de Hernández-Salas, y a la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores de México por hacer posible la extradición.
Desde su creación, la JTFA ha logrado aumentar la coordinación y la colaboración entre el Departamento de Justicia, el DHS y otros organismos de aplicación de la ley de Estados Unidos, como así también con socios extranjeros del área de aplicación de la ley, incluido en El Salvador, Guatemala, Honduras y México; ha actuado contra organizaciones que tienen mayor impacto en Estados Unidos; y ha coordinado importantes procesamientos por contrabando de personas y esfuerzos de extradición en las Fiscalías Federales de todo el país. La JTFA está integrada por personal en préstamo (detailees) de Fiscalías Federales en la frontera sudoeste, incluido el Distrito Sur de Texas, el Distrito Oeste de Texas, el Distrito de Nuevo México, el Distrito de Arizona y el Distrito Sur de California. También prestan apoyo especializado al programa numerosos componentes de la División Penal del Departamento de Justicia que forman parte de la JTFA, liderados por la Sección de Derechos Humanos y Procesos Especiales y asistidos por la Oficina de Desarrollo, Asistencia y Capacitación Fiscal; la Sección de Narcóticos y Drogas Peligrosas; la Sección de Lavado de Dinero y Recuperación de Activos; la Oficina de Operaciones de Cumplimiento; la Oficina de Asuntos Internacionales; y la Sección de Criminalidad Organizada y Pandillas. La JTFA también recibe una inversión sustancial de recursos de aplicación de la ley del DHS, el FBI, la DEA y otros socios.
Esta investigación también cuenta con el apoyo del programa del Grupo Especial (Extraterritorial Criminal Travel, ECT) contra los Viajes Delictivos Extraterritoriales, una asociación entre la División Penal del Departamento de Justicia y HSI. El programa ECT actúa contra las redes de contrabando de personas que pueden representar riesgos considerables para la seguridad nacional o pública o plantear graves implicancias en términos humanitarios. ECT cuenta con recursos específicos para tareas de investigación, inteligencia y procesamiento penal. ECT también coordina y recibe asistencia de otros organismos del Gobierno de EE. UU. y de autoridades extranjeras de aplicación de la ley.
Los cargos contenidos en una acusación son simplemente señalamientos. Todos los acusados se presumen inocentes hasta tanto se demuestre su culpabilidad sin lugar a duda razonable en un tribunal de justicia.
