La policía informó que como parte de las acciones desplegadas también se logró la liberación de tres policías secuestrados por bandas criminales, se recapturó a 17 presos fugados y que decomisó explosivos, cartuchos, armas y vehículos, en operativos realizados en todo el territorio.
QUITO (AP) — Militares custodiaban el miércoles infraestructura estratégica y algunos medios de comunicación en Quito y Guayaquil mientras a Ecuador le costaba recobrar la normalidad un día después que el gobierno del presidente Daniel Noboa declaró que el país andino entraba en un conflicto armado interno tras una nueva espiral de violencia propiciada por bandas criminales y que derivó en el inédito asalto de un canal de televisión cuando transmitía en vivo.
Tras esa jornada violenta, que conmocionó dentro y fuera del país sudamericano, las autoridades policiales dijeron que han detenido al menos 70 personas por supuestos actos terroristas hasta la madrugada, entre ellas los intrusos encapuchados que ingresaron armados la víspera en el canal público TC Televisión en la ciudad costera de Guayaquil, considerada la más violenta del país.
En su cuenta de X, antes Twitter, la policía informó que como parte de las acciones desplegadas también se logró la liberación de tres policías secuestrados por bandas criminales, se recapturó a 17 presos fugados y que decomisó explosivos, cartuchos, armas y vehículos, en operativos realizados en todo el territorio.
“El país está en relativa calma”, aseguró el miércoles el secretario de Comunicación, Roberto Izurieta, a periodistas, a su arribo junto con otros funcionarios a la sede presidencial, donde desde temprano se reúnen altos funcionarios del gobierno y del cuerpo diplomático. Al menos unos 700 militares resguardan la zona.
Ecuador está viviendo por primera vez “un momento de unidad”, en el que el enemigo del Estado “es el crimen organizado”, señaló Izurieta.
Sin embargo, la situación durante la mañana era incierta e irregular en el país, con buena parte de los ciudadanos resguardados en sus casas para evitar eventuales actos de violencia, mientras en las calles circulaban patrullas de la policía y el ejército.
La decreto del gobierno de Noboa, difundido poco después de la toma violenta del canal de televisión, busca un despliegue más amplio de los soldados en todo el país para combatir a una veintena de bandas del crimen organizado y del narcotráfico, a las que catalogaron como terroristas y que serían blancos de objetivos militares.
Por ello el miércoles se los vio a soldados con armas largas en las calles, custodiando el recién inaugurado metro en Quito, hospitales y algunos medios de comunicación en la capital y en Guayaquil a donde llegaron incluso en tanquetas.
En las calles de las principales ciudades también se observaba poco tráfico vehicular, con muchos comercios cerrados y sin estudiantes debido a que las clases presenciales fueron suspendidas en todos los niveles de educación.
Muchos empleados públicos y privados optaron por realizar trabajo telemático ante la crisis de seguridad y luego de una jornada con una treintena de actos violentos que se generaron tras el estado de emergencia decretado por el gobierno el lunes después de la aparente fuga de un peligroso líder de una banda de narcotraficantes de una prisión.
Pero lo que más impactó al país fue cuando el grupo de encapuchados armados irrumpió violentamente en TC Televisión mientras transmitía en vivo el noticiero del mediodía y amenazaron con armas y explosivos a presentadores, camarógrafos, productores y personal administrativo. El asalto dejó como saldo un camarógrafo herido de bala en la pierna derecha y otros dos empleados del canal con contusiones, según las autoridades.
El director ejecutivo de Fundamedios, César Ricaurte, dijo el miércoles a The Associated Press que ese episodio violento revela que los medios de comunicación “son estratégicos y un objetivo de los grupos criminales”, pues a “su acción terrorista directa” se suma “la operación de una guerra psicológica”, que busca crear miedo, zozobra y caos.
Por ello pidió al Estado “que se preserve la vida e integridad de los trabajadores, periodistas” y se proteja las instalaciones de aquellos con alto nivel de riesgo.
El comandante de la policía Víctor Herrera dijo que en total 18 personas serán procesadas por “actos terroristas” relacionados con la toma del canal, de ellos los 13 detenidos en el interior y cinco en el exterior. Agregó que serían 20 los involucrados, por lo cual restaría la detención de otras dos personas, y que estructura a la que pertenecen sería la banda criminal Los Tiguerones.
A la toma violenta del canal de televisión se sumaron dos atentados a unidades policiales y el secuestro de tres personas, entre ellas dos menores de edad, que fueron liberados la madrugada del miércoles en Guayaquil. Dijo que los últimos actos violentos dejaron como saldo al menos 14 fallecidos.
TC Televisión no estaba funcionando el miércoles en su sede de Guayaquil. La noche del martes había emitido un breve noticiario al aire desde la capital.
La violencia en el país andino emergió con fuerza a inicios de 2021 con una masacre en una cárcel producto de choques entre bandas criminales y del narcotráfico rivales, a la que sucedieron otras matanzas carcelarias y un incremento sin precedentes de la violencia y los homicidios en las calles.
Noboa asumió a fines de noviembre para culminar el periodo presidencial de Guillermo Lasso en un país que ya se desangraba en las prisiones y en las calles, y que a poco de las pasadas elecciones sufrió el asesinato de un candidato presidencial.
Noboa había declarado el lunes estado de excepción y toque de queda, con lo que se suspendieron algunos derechos ciudadanos y permitió a las autoridades movilizar al ejército en sitios como las cárceles, después de la presunta fuga de un penal del conocido cabecilla Adolfo Macías, alias Fito, jefe de la peligrosa banda Los Choneros.
Pese al estado de emergencia las autoridades confirmaron después que Fabricio Colón Pico, otro cabecilla regional de la banda criminal Los Lobos, también se fugó de un penal en la ciudad de Riobamba. Pico había sido detenido el viernes dentro de una investigación por secuestro y estaba acusado de intentar matar a una fiscal general.
Luego se conoció el decreto que indicaba que el país había entrado en un conflicto armado interno, una medida que recibió el respaldo de los ecuatorianos.
Humberto Poggi, de 50 años y residente de Guayaquil, en declaraciones a la AP, afirmó que el gobierno “debe poner más mano dura. No tener ninguna piedad, condescendencia ni derechos humanos para los delincuentes”.
Consideró que el país tiene que apoyar esa medida y llamó a las autoridades a replicar la política de El Salvador de “no dar de comer a los presos de las cárceles. Esta situación se ha salido de control. Y es por la falta de medidas extremas”. Aludió al fuerte combate que realiza el presidente de la nación centroamericana, Nayib Bukele, contra las pandillas.
En Ecuador, Los Choneros es una de las bandas a las que las autoridades responsabilizan de un repunte de la violencia, en su mayoría relacionada con el narcotráfico, que alcanzó un nuevo nivel el año pasado con el asesinado del candidato a la presidencia Fernando Villavicencio. El grupo tiene estrechos vínculos con el cartel mexicano de Sinaloa, según las autoridades.
En febrero de 2013, alias Fito, líder de esa banda, escapó de un penal de máxima seguridad pero fue recapturado semanas más tarde. Fito había sido condenado por narcotráfico, asesinato y crimen organizado, por lo que cumplía una sentencia de 36 años en la prisión La Regional en Guayaquil.
Ubicado en la costa sudamericana del Pacífico entre Perú y Colombia, los mayores productores de cocaína del mundo, en los últimos años Ecuador se ha convertido en un punto de tránsito y exportación clave para la droga. Gran parte de la violencia que sufre el país se deriva de las luchas entre los grupos de narcotraficantes y con el gobierno por el control de los puertos y las rutas del contrabando.
Los Choneros y otros grupos similares ligados a los cárteles mexicanos y colombianos se enfrentan por el control de las rutas del narcotráfico y el territorio, incluyendo dentro de los centros de detención, donde más de 450 reos han muerto desde 2021, de acuerdo con las autoridades.
