En un hito histórico, un juez ha anulado la decisión de un tribunal en Massachusetts que desestimó las demandas presentadas por el país latinoamericano contra destacadas empresas de la industria armamentista.
La Corte de Apelaciones del Primer Circuito ha determinado que México tiene la capacidad de presentar demandas contra los fabricantes de armas en Estados Unidos. Esta decisión, anunciada el lunes, respalda la postura del Gobierno mexicano y reactiva el caso que había interpuesto contra prominentes actores de la industria armamentista estadounidense. El asunto ahora regresa a un tribunal en Massachusetts, donde originalmente se desestimó la demanda en septiembre de 2022, para ser reconsiderado. La secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, expresó su entusiasmo por la noticia al calificarla como “gran noticia”.
El principal desafío que enfrentaba la causa mexicana se relacionaba con la Ley de Protección al Comercio Legal de Armas (PLCAA), una legislación instaurada durante la Administración de George W. Bush que proporciona una protección legal a la industria armamentista frente a cualquier demanda derivada del uso indebido de sus productos. Este resguardo legal y la inmunidad conferida a los fabricantes de armas fueron los fundamentos utilizados para descartar el caso en una instancia anterior en un tribunal de Massachusetts.
En esta ocasión, la Corte de Apelaciones determinó que la demanda presentada por las autoridades mexicanas contra seis armerías y un distribuidor de armas argumentó de manera convincente por qué la inmunidad no sería aplicable en este caso específico.
“Por lo tanto, revertimos el fallo emitido por la corte de Distrito de que PLCAA impide presentar a México su demanda y solicitamos que se reanude el proceso judicial”, se lee en el fallo.
El fallo es histórico, marcando la primera vez que una corte de apelaciones emite una decisión de este tipo desde la entrada en vigor de la ley que otorga inmunidad a las armerías en 2005. Jonathan Lowy, uno de los abogados que representa al Gobierno de México, destacó en un comunicado que este avance es significativo para responsabilizar a la industria de las armas por su contribución a la violencia armada y para frenar el flujo de armas traficadas hacia los carteles.
La lista de empresas demandadas por México incluye a Smith & Wesson, Barrett, Beretta, Glock, Colt’s y Ruger, fabricantes de armas populares entre los carteles mexicanos. El Gobierno mexicano los acusa de prácticas comerciales negligentes, argumentando que emplean estrategias de marketing y diseño de productos deliberadas para atraer a grupos criminales y beneficiarse del tráfico ilegal. Según la demanda, estas compañías producen el 68% de las cientos de miles de armas que ingresan ilegalmente al país cada año.
La iniciativa contra los productores de armas fue impulsada durante la gestión de Marcelo Ebrard en la Secretaría de Relaciones Exteriores. La intención era llevar por primera vez a las armerías a rendir cuentas por la ola de violencia en México. La demanda, presentada por primera vez en agosto de 2021 contra 11 compañías, ha enfrentado varios desafíos legales, como demostrar que México tiene la personalidad jurídica para llevar a cabo el proceso en Estados Unidos y que los hechos reclamados pueden ser juzgados por un tribunal estadounidense, a pesar de que sus implicaciones afectan a México. El Gobierno busca una indemnización por daños que será determinada por el tribunal y podría alcanzar hasta el 2% del PIB de México, según fuentes diplomáticas.
“Es un avance significativo”, afirmó Marcelo Ebrard, quien dejó su cargo como canciller en junio del año pasado para buscar la candidatura presidencial de Morena, el partido gobernante. Su sucesora, Bárcena, hizo un llamado este lunes para que las autoridades estadounidenses profundicen en la investigación sobre el tráfico de armas de uso exclusivo del Ejército de EE.UU. a México. Este tema ha sido una constante en las negociaciones bilaterales y encuentros diplomáticos entre ambos países, como en la reunión ministerial que tuvieron la semana pasada en Washington. Desde el punto de vista legal, la batalla ahora retorna a Massachusetts, en un proceso que se espera que dure varios años.
