Las autoridades federales admitieron que la efectividad de las inspecciones laborales en el sector agrícola mexicano se ve afectada debido a la constante rotación de funcionarios y la escasez de recursos.
En 1998, se informó sobre el rescate de jornaleros agrícolas en condiciones de esclavitud, y en 2023, otra nota documenta situaciones similares. Margarita Nemecio de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas planteó la persistencia de este problema durante los últimos 26 años y cuestionó por qué sigue ocurriendo.
Durante el “Diálogo sobre Trabajo digno en el sector agrícola en México”, organizado por Proyecto Periplo y Fundación Avina, Daniela Gómez de la Secretaría Técnica de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos de la Secretaría de Gobernación (Segob), reconoció la falta de mejoras en las políticas públicas como un factor real en la persistencia de este problema.
En su intervención, Margarita Nemecio presentó diversas notas periodísticas de distintos años que destacaban el “descubrimiento” o “rescate” de jornaleros agrícolas atrapados en condiciones de esclavitud moderna al trabajar para empresas del sector.
La activista subrayó que las inspecciones laborales son esenciales para combatir la explotación, trabajo forzoso y trata de personas en el empleo agrícola. Sin embargo, señaló la existencia de deficiencias en el personal de inspección, la falta de asignación de recursos para sus desplazamientos y la insuficiente capacitación.
A pesar de realizar inspecciones en campos agrícolas que evidencian violaciones a los derechos humanos, las instituciones no dan seguimiento a los casos y las familias jornaleras no reciben reparación por los daños sufridos, agregó Nemecio. Además, destacó que solicitar una remediación con un enfoque intercultural y de género, centrado en las víctimas, podría considerarse como una demanda exagerada.
No hay Inspectores
Es cierto, la falta de inspectores laborales es una realidad. Daniela Gómez, de la Segob, reconoció la constante rotación de servidores públicos, lo que dificulta el seguimiento y la sostenibilidad de proyectos y programas.
La funcionaria admitió los señalamientos de las activistas y destacó los avances como país, pero subrayó la necesidad de dar sostenibilidad a los proyectos desde el servicio público. Propuso reforzar la responsabilidad de las empresas empleadoras y fomentar la responsabilidad social empresarial, enfocándose primero en la sensibilización y luego en la capacitación.
Gómez enfatizó que el gobierno mexicano no puede abordar este desafío solo y subrayó la importancia de la corresponsabilidad, las alianzas y la coordinación entre los sectores público, privado, sociedad civil y organismos internacionales.
Raúl Balmaceda, director de Inclusión Laboral y Trabajo de Menores de la STPS, admitió los “recursos limitados” en el proceso de inspección pero destacó el uso de tecnologías de la información para eficientar los procesos, citando el Programa de Verificación Laboral Voluntaria (Velavo).
En octubre de 2023, las autoridades laborales de los tres niveles gubernamentales en gran parte del país firmaron el Pacto del Mayab, un acuerdo para abordar el trabajo infantil. Margarita Nemecio destacó este pacto, anunciando que la STPS realizará 2,000 inspecciones enfocadas en el trabajo infantil en 2024.
La especialista en migración interna y condiciones laborales de jornaleros enfatizó la necesidad de que la autoridad federal proporcione información sobre cuántas de las 2,000 inspecciones se llevarán a cabo en campos agrícolas. Según la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) 2022, más del 33% de los más de 3.7 millones de niños, niñas y adolescentes en trabajo infantil se encuentran en el sector agropecuario.
Nemecio subrayó que abordar el trabajo infantil y el trabajo forzoso no solo requiere inspecciones, sino también un seguimiento detallado de los casos y la divulgación de los resultados de las visitas. Propuso estrategias que incluyan información accesible sobre derechos laborales para los jornaleros, capacitación para el personal de inspección y planes de remediación con un enfoque intercultural.
La activista enfatizó la importancia de considerar el contexto de las personas jornaleras, muchas de las cuales provienen de comunidades rurales o indígenas. Destacó las barreras para denunciar, como la dificultad para comprender el castellano y los tecnicismos jurídicos, así como la lejanía de los Ministerios Públicos y los costos asociados con el transporte.
Nemecio señaló que la documentación de “rescates” de jornaleros explotados durante más de 26 años resalta la falta de atención y eficacia en la inspección. Subrayó que el conocimiento de estos casos se debe a las denuncias valientes de las propias personas afectadas.
