Los altos niveles de desigualdad en México conviven con un sistema fiscal que casi no redistribuye, privilegia a los ricos y es poco democrático en la asignación de recursos, afirman organizaciones.
Este martes, organizaciones civiles presentaron una propuesta de reforma fiscal para México en 2025, la cual busca aumentar los impuestos para los contribuyentes con mayores ingresos.
Según datos de la World Inequality Database, en México el 10% más rico de la población posee el 79% de la riqueza nacional, mientras que el 1% más adinerado concentra casi la mitad, es decir, el 48%. Basándose en esta información, las organizaciones destacaron que los niveles de desigualdad en el país coexisten con un sistema fiscal que tiene una escasa capacidad de redistribución, favorece a los sectores más privilegiados y muestra poca transparencia en la asignación de recursos.
Estas organizaciones anunciaron la formación de la “Alianza por la justicia fiscal”, compuesta por el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, la Fundación Friedrich Ebert, Fundar, el Instituto de Estudios Sobre Desigualdad (Indesig), México Evalúa, Oxfam México y el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo-UNAM.
“Mariana Campos, directora general de México Evalúa, expresó que desde la alianza consideran que el sistema tributario es fundamental para establecer las prioridades sociales, políticas y económicas del país, y constituye la herramienta más importante para reducir la desigualdad”.
“La alianza propuso 12 medidas, entre las cuales se incluyen un aumento en el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) para las personas físicas con altos ingresos, la reducción de beneficios fiscales y la reintroducción del impuesto sobre herencias multimillonarias”.
“También se recomienda igualar las tasas impositivas entre el trabajo y el capital, así como explorar la posibilidad de implementar un impuesto especial sobre jets, yates y vehículos de lujo. Se sugiere reducir las exenciones en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) relacionadas con el carbono, fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de los fideicomisos, y establecer impuestos ambientales, como un gravamen verde sobre la propiedad de automóviles que tome en cuenta las emisiones de contaminantes”.
Enrique Provencio, director del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED) de la UNAM, enfatizó la urgencia de una reforma fiscal, dado el estrés y la dificultad que enfrentan las finanzas públicas.
“Proponemos una reforma fiscal progresiva que garantice el cumplimiento de los derechos de todos los ciudadanos, y no solo aumente las contribuciones. Esta reforma también busca que los más ricos contribuyan más en impuestos. Además, buscamos una mejor ejecución del presupuesto y una mayor rendición de cuentas”, explicó Provencio durante una conferencia de prensa.
Según el director del PUED-UNAM, la implementación de una reforma fiscal sería fundamental para mejorar el sistema de salud y promover un sistema nacional de cuidados, lo que beneficiaría tanto a la sociedad como al desarrollo económico.
La propuesta incluye destinar el 1.16% del Producto Interno Bruto (PIB) para establecer un sistema universal de cuidado infantil para niños menores de 6 años, y establece un mínimo anual del 2% del PIB estatal para financiar un sistema judicial estatal efectivo.
De acuerdo con datos proporcionados por la alianza, actualmente se destina el 3% del PIB al gasto en salud, una cifra que está por debajo del mínimo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que es del 6%. Se estima que una reforma fiscal podría aumentar este porcentaje hasta en un punto porcentual.
Según Enrique Provencio, la reforma fiscal propuesta por la alianza también contribuiría al financiamiento de infraestructura para la distribución de agua en México, especialmente frente a la sequía que afecta al país. Además, señaló que podría utilizarse para financiar la transición energética, pasando de los combustibles fósiles a las energías renovables.
Por otro lado, Alejandra Macías, directora ejecutiva del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), destacó la importancia de incluir a los municipios en la reforma fiscal, ya que son una parte fundamental para la organización fiscal del país.
Carlos Cabrera, coordinador económico de la Fundación Friedrich Ebert en México, enfatizó que no es necesario aumentar el impuesto predial, pero sí organizarlo de manera más eficiente para mejorar el control de su distribución. Además, señaló la importancia de revisar el impuesto sobre la tenencia, especialmente debido a la existencia de vehículos eléctricos e híbridos que no estaban contemplados en la ley cuando se implementó dicho impuesto.
Cabrera argumentó que, para garantizar la sostenibilidad de las políticas sociales, como las pensiones para personas de la tercera edad o las becas para estudiantes, México necesita urgentemente esta reforma fiscal, ya que ninguna política pública puede implementarse sin un presupuesto adecuado.
Los miembros de la alianza anunciaron en la conferencia de prensa que presentarán una propuesta a la próxima Legislatura como parte de la discusión del paquete de egresos para el año 2025. Su objetivo es entablar un diálogo con los actores políticos para mejorar las finanzas públicas y promover una reforma fiscal progresiva que contribuya a garantizar el cumplimiento de los derechos de todos los ciudadanos.
