Según un informe presentado en la UNAM, se destacan la violencia, la intromisión del presidente y problemas en el arbitraje electoral como principales focos rojos en las elecciones de 2024 en México.
Según autoridades electorales, empresarios, académicos y representantes de la sociedad civil, existen cinco focos rojos en las elecciones para elegir al titular de la Presidencia, nueve gobernadores, representantes del Congreso y cerca de 20 mil cargos de elección popular.
En la presentación del tercer informe de integridad electoral en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Janine Otálora Malassis, magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, señaló que hay una falta de resp
eto a las leyes electorales por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador y otros actores políticos. Esto se suma a la violencia y a las crisis internas de arbitraje electoral. Además, mencionó que los tribunales se encuentran incompletos debido a la falta de nombramientos, los cuales no han sido realizados por el Senado.
La magistrada puntualizó que existe una mayor facilidad para tratar de influir en las decisiones de los tribunales electorales, pero advirtió que los efectos podrían generar inconformidades si no cuentan con un sólido respaldo. Explicó: “La desconfianza puede surgir si hay decisiones mal fundamentadas, mal argumentadas. No es lo mismo que dicte sentencia una persona que pasó por todo el proceso de selección y que fue electa por el Senado de la República, a que tomen las decisiones judiciales quienes no han pasado por ese proceso”.
Asimismo, destacó que el primer y más alarmante foco rojo es el involucramiento directo y sistemático del presidente en el proceso electoral.
Otro de los focos identificados fue la transgresión sistemática de los límites establecidos para el periodo de intercampañas por parte de las coaliciones y sus precandidaturas.
El tercer foco rojo se centra en el desempeño de las autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, que han enfrentado crisis internas y cuestionamientos sobre su legitimidad y capacidad de arbitraje.
Como cuarto foco rojo identificado está la persistencia de diversos tipos de violencia que ponen en riesgo directo a los actores políticos y amenazan el ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía.
El quinto y último foco identificado se refiere al uso indebido de procedimientos especiales sancionadores por parte de actores políticos, con el fin de silenciar el debate libre en redes sociales y medios de comunicación.
Karolina Monika Gilas, coordinadora del tercer informe y académica de la UNAM, consideró que la invalidación de la elección es un escenario complicado debido a la naturaleza de los comicios que se realizarán el primer domingo de junio.
“Desde antes de que comenzara este proceso, se han presentado hechos que nos hacen cuestionar en qué medida estamos apegados a los estándares y principios constitucionales de integridad electoral”, declaró.
“Hablar de la nulidad sería enfrentar otra crisis debido a todas las consecuencias políticas y sociales que podría desencadenar. No creo que sea un tema ni una decisión que se pueda tomar a la ligera y anticipar desde el día de hoy”, expresó.
“Será necesario realizar análisis separados a nivel federal, estatal, distrital o municipal, que deberán ser tomados en cuenta”, manifestó.
Rosa Marta Abascal Olascoaga, vicepresidenta nacional de desarrollo democrático de Coparmex, destacó que el organismo patronal cuenta con una experiencia de 30 años en mecanismos de observación electoral.
Asimismo, mencionó que en 2024, Coparmex participará en la vigilancia de los 20,286 cargos de elección popular.
Abascal resaltó que la violencia se ha triplicado en este proceso electoral. En 2018 se registraron 171 incidentes, en 2021, 178, y el año pasado, 573 casos, según cifras de Data Cívica y el CIDE.
“La crisis en seguridad y violencia no tiene precedentes: hasta el 29 de marzo se habían registrado 156 agresiones a aspirantes y personas relacionadas con la elección, con un total de 50 personas asesinadas, de las cuales 26 eran aspirantes. Además, se reportaron 9 secuestros, 22 atentados y 75 amenazas. Estos datos representan un incremento de más del 200% en comparación con el primer reporte preliminar”, manifestó.
