Más de 200 indígenas, víctimas de desplazamiento forzado por la violencia y la inseguridad provocadas por la disputa de cárteles en la frontera de México con Guatemala, demandaron ayuda al presidente, Andrés Manuel López Obrador, y a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum.
El propósito de esta petición es recuperar sus bienes, casas, tierras y la paz de sus comunidades que, dijeron, se perdió desde 2021.
Artemio, quien se reservó su apellido por seguridad y es un indígena desplazado de la etnia mam, relató a EFE las amenazas e intimidación que han sufrido por parte de los grupos armados, así como la preocupación que lo embarga ante la violencia y el despojo de sus pertenencias y pérdidas de cosechas.
“Venimos a buscar (ayuda), vimos que vienen autoridades desde Ciudad de México, por eso nos acercamos, para que nuestro Gobierno nos pueda brindar seguridad”, expresó Artemio, de 70 años.
Sumergido en la angustia, la incertidumbre y la tristeza, el hombre se preguntó: “¿Qué va a pasar con aquellos habitantes a los que les quemaron su casa, qué va a pasar si un día van a regresar, dónde van a vivir, con qué van a empezar? Es algo triste para nosotros, por eso solicitamos la verdadera ayuda”.
La ayuda se soliciutó por parte de los indígenas luego de acudir a las primeras consultas de salud y programas sociales que implementó el Gobierno federal en el municipio de Amatenango de la Frontera, localidad donde el Cártel de Sinaloa y la agrupación del maíz, brazo ejecutor del Cartel Jalisco Nueva Generación se disputan el territorio.
En entrevista con medios, Omar de Lassé, titular de la Unidad de Atención a Organizaciones Sociales de la Secretaría de Gobernación (Interior), detalló que estas jornadas buscan “generar las condiciones de atención en Amatenango de la Frontera y un despliegue de funcionarios y servicios de salud para lograr el retorno de las familias que se encuentran en otros municipios”.
Pero a pesar de que el Gobierno de México ha intentado propiciar las condiciones de retorno seguro, los desplazados afirman que “no hay condiciones pues los ataques eran entre ellos (criminales) y hoy ya son contra la población civil”.
