La ONG advierte que estas ‘peligrosas propuestas’ debilitarían la independencia judicial y otorgarían un poder sin precedentes a los militares.
Human Rights Watch (HRW) señaló este viernes que la serie de cambios propuestos a la Constitución, destinados a reformar el Poder Judicial y eliminar el organismo de transparencia, amenazarían la independencia judicial, la privacidad y la rendición de cuentas. La ONG instó a los legisladores a rechazar estas reformas, calificándolas de preocupantes.
La organización expresó su preocupación particular por las reformas propuestas que afectan al Poder Judicial, la eliminación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI), la ampliación de la prisión preventiva oficiosa y la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
“Estas peligrosas propuestas socavarían la independencia judicial, otorgarían un poder sin precedentes a los militares y eliminarían las salvaguardas establecidas para proteger los derechos humanos”, afirmó Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de HRW, en un comunicado.
El martes, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó la propuesta de reforma judicial de Morena, que incluye la elección de jueces por voto popular.
Los legisladores de Morena prevén someter la reforma a votación en el pleno en septiembre. Con el respaldo de sus aliados, contarán con los dos tercios de la Cámara baja necesarios para modificar la Constitución, tras las elecciones del 2 de junio.
Alerta sobre ‘jueces sin rostro’
La ONG ha subrayado su preocupación por la propuesta de establecer la figura de ‘jueces sin rostro’ en la lucha contra el crimen. Human Rights Watch advirtió que esta medida ya ha sido considerada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) como una violación del derecho a un juicio justo.
HRW recordó que las propuestas ampliarían la prisión preventiva automática, sustituirían el proceso actual de nombramientos judiciales por elecciones populares y eliminarían las restricciones constitucionales que impiden a los militares realizar funciones civiles. Además, se eliminaría la entidad independiente encargada de proteger la privacidad y la transparencia gubernamental en el país.
En este contexto, la organización instó a los próximos legisladores a rechazar estos cambios constitucionales.
“Dado el largo historial de graves abusos y encubrimientos oficiales en México, los legisladores deberían adoptar medidas para fortalecer las protecciones de los derechos humanos, no para debilitarlas”, concluyó.
Riesgos de las Iniciativas
La ONG señaló que las cuatro iniciativas mencionadas son parte de un paquete de 18 propuestas de cambios constitucionales enviadas al Congreso por el presidente saliente Andrés Manuel López Obrador, quien finalizará su mandato el 30 de septiembre.
Claudia Sheinbaum, presidenta electa que asumirá el cargo el 1 de octubre, ha respaldado muchas de estas propuestas. Su partido, Morena, controla el Congreso, y Sheinbaum ha instado a los legisladores a aprobarlas antes de su toma de posesión.
“Estas propuestas socavarían gravemente la independencia judicial y contravendrían los estándares internacionales de derechos humanos, destinados a garantizar que toda persona reciba una audiencia justa ante los tribunales”, subrayó HRW.
La ONG advirtió que la eliminación del INAI y la posibilidad de que el Gobierno autorregule el cumplimiento de las leyes de acceso a la información “socavaría los derechos de los mexicanos a la privacidad y al acceso a la información pública”. Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de HRW, comentó: “México necesita urgentemente instituciones de seguridad y justicia más eficaces”. Sin embargo, advirtió que “lamentablemente, estos cambios constitucionales probablemente lograrán exactamente lo contrario”.
Las iniciativas de reforma propuestas por López Obrador, especialmente las que afectan al Poder Judicial, han suscitado críticas de embajadores de Estados Unidos y Canadá, así como preocupación entre calificadoras como Fitch y entidades financieras como CitiBanamex y Morgan Stanley, debido a los riesgos que podrían conllevar.
