Alrededor de 60 organizaciones de América han instado al Senado a que examine con detenimiento la propuesta de reforma judicial y considere sus posibles implicaciones en la independencia e imparcialidad del Poder Judicial. Estas organizaciones expresan su preocupación por el impacto que la reforma podría tener en la autonomía del sistema judicial.
Cerca de 60 organizaciones de la sociedad civil en América han advertido que la reforma judicial, que propone elegir a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte mediante voto popular, “aumenta la influencia política en los nombramientos y socava gravemente la independencia judicial en el país”.
Para que esta iniciativa se convierta en ley, aún debe ser votada y aprobada en el Senado, un proceso que podría concretarse la próxima semana.
En un comunicado emitido este viernes, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), una de las ONG firmantes, advirtió que la reforma propone que todos los jueces, incluidos los ministros de la Suprema Corte, sean elegidos mediante voto popular directo, a partir de nominaciones promovidas por los tres poderes.
“Esto incrementa el riesgo de influencias indebidas sobre la judicatura por parte de actores políticos, así como del crimen organizado, lo que podría degradar la profesionalización del sistema judicial,” señaló el comunicado.
Además, se prevé un cese masivo de aproximadamente 1,800 jueces, lo que comprometería la garantía de inamovilidad y afectaría directamente el acceso a la justicia para la ciudadanía.
El comunicado también señala la introducción de la figura de los “jueces sin rostro”, una medida ampliamente rechazada por organismos internacionales de derechos humanos por su impacto negativo en la imparcialidad e independencia judicial, así como en el derecho a una defensa adecuada.
Ante esta situación, las ONG han instado a las autoridades mexicanas, especialmente al Senado, a analizar con cautela la propuesta y sus implicaciones para la independencia e imparcialidad del Poder Judicial, considerando las advertencias de organismos internacionales de derechos humanos.
Las organizaciones recordaron que el papel de la judicatura como garante de derechos y libertades, y como contrapeso en un Estado democrático de derecho, debe ser una premisa fundamental. Señalaron que el Congreso debe asegurar que las reformas cumplan con los estándares internacionales y permitan un proceso de selección judicial basado en méritos y calificaciones, con la participación efectiva de la sociedad civil y libre de fines políticos.
