La Corte Suprema de Estados Unidos acordó el viernes examinar una solicitud de la empresa fabricante de armas Smith & Wesson y del mayorista Interstate Arms para desestimar la demanda presentada por México. Este último las acusa de facilitar el tráfico ilegal de armas hacia los cárteles de droga mexicanos.
Los jueces aceptaron el recurso de ambas compañías en respuesta a la decisión de un tribunal de primera instancia, que había rechazado desestimar la demanda presentada en 2021 ante un tribunal federal en Boston. La demanda se basa en una ley nacional de 2005 que protege en gran medida a las empresas de armas de ser responsables por los delitos cometidos con sus productos.
El caso será revisado por la Corte Suprema durante su período de nueve meses, que comienza el lunes. Inicialmente, México había demandado a siete fabricantes de armas estadounidenses, incluyendo a Smith & Wesson, Barrett, Beretta, Century Arms, Colt, Glock y Ruger, además de Interstate Arms. Sin embargo, seis de las empresas fueron excluidas del caso por cuestiones procesales, quedando solo Smith & Wesson e Interstate Arms como demandados.
La demanda incluye nueve acusaciones, alegando que estas empresas violaron leyes estatales al ayudar e incitar el tráfico de armas hacia los cárteles, lo que contribuye a lo que México ha denominado una «epidemia de violencia». Según la reclamación, el valor total de las armas traficadas desde Estados Unidos a México, incluyendo las de los demandados y otros fabricantes, se estima en más de 250 millones de dólares al año.
México está pidiendo una indemnización por daños y perjuicios, cuyo monto no se ha especificado, pero se estima en miles de millones de dólares. También solicita una orden judicial que obligue a los fabricantes de armas a implementar medidas para «reducir y remediar el desorden público que han generado en México».
De acuerdo con los documentos judiciales del caso, la mayoría de los 180,000 homicidios por armas de fuego ocurridos en México entre 2007 y 2019, a pesar de sus estrictas leyes sobre armas, fueron cometidos con armas que fueron traficadas desde Estados Unidos.
Las empresas, que buscan desestimar la demanda, argumentaron que el litigio está prohibido por la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas de 2005, que exime a los fabricantes y distribuidores de armas de responsabilidad por el uso indebido de sus productos.
En 2022, el juez de distrito de EE. UU. en Boston, Dennis Saylor, falló a favor de las empresas y desestimó el caso. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones del 1er Circuito, también ubicado en Boston, revocó esa decisión en enero y determinó que la demanda podía continuar
