La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que se presentará una denuncia contra la jueza que solicitó la eliminación del decreto que dio inicio a la reforma del poder judicial, argumentando que su petición carece de fundamento legal.
“No vamos a retirar la publicación y vamos a proceder con la denuncia ante el Consejo de la Judicatura, ya que jurídicamente no tiene base”, afirmó.
Ernestina Godoy, consejera jurídica de la presidencia, explicó que modificar la constitución es una “autoridad soberana y originaria” del Congreso mexicano y no está sujeta a revisión judicial.
Los recientes cambios constitucionales, que permiten elegir a los magistrados mediante votación popular y que entraron en vigor hace un mes, han sido objeto de cuestionamientos en los tribunales por el apresurado proceso parlamentario que, según algunos analistas, presentó irregularidades.
Sus detractores advierten que estas reformas podrían politizar la justicia y amenazar derechos fundamentales de la democracia.
Además, los trabajadores del sector han estado en paro durante meses, aunque el Consejo de la Judicatura Federal determinó que dicha suspensión debía concluir y que, si los empleados deseaban continuar, debían hacerlo sin afectar la impartición de justicia.
A pesar de esto, el gobierno se mantiene firme y avanza en la aprobación de las leyes secundarias necesarias para implementar los cambios. Se ha fijado el 1 de junio de 2025 como fecha para la primera ronda de elecciones, que incluirá a miembros de los tribunales superiores, como la Suprema Corte de Justicia, y más de 800 jueces.
