El ministro sostiene que la acción de inconstitucionalidad no es procedente.
El ministro Alberto Pérez Dayán adelantó su postura en contra del proyecto que buscaba declarar la invalidez de la reforma judicial, lo que marca su separación del bloque de ocho ministros que hubiera formado la mayoría calificada en la votación, según un reporte de la agencia Quadratín.
El ministro Pérez Dayán argumentó que la acción de inconstitucionalidad planteada es improcedente. En su intervención durante la discusión en el pleno de la Suprema Corte, afirmó que la demanda no debía proceder, citando los precedentes jurídicos que sustentan su postura.
“Es total y absolutamente improcedente, y ello conduce a sobreseer en ella conforme a los precedentes a los que me he referido. Por más que intente convencerme a mí mismo de lo contrario, resolver en el sentido que propone la propuesta sería —lo digo con todo respeto y exclusivamente en el fuero de mi propia persona— responder a una insensatez llevada irresponsablemente al Texto Supremo con otra insensatez equivalente, forzando el ejercicio de una facultad que no me fue conferida en el conocimiento de una acción de inconstitucionalidad”, expresó el ministro.
Este martes, la Suprema Corte inició el debate sobre la posible invalidez de una parte de la reforma judicial, aprobada en septiembre por el oficialismo, que ha generado controversia por considerarse inconstitucional.
El pleno de la Suprema Corte, compuesto por 11 ministros, incluida la presidenta, está debatiendo un proyecto de sentencia que propone suprimir, entre otros aspectos, la elección de jueces y magistrados por voto popular. Este punto es uno de los aspectos más controversiales de la reforma constitucional impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
La sentencia de la Corte podría desencadenar un choque de poderes, después de que el Congreso, controlado por el oficialismo, aprobara a fines de octubre una reforma constitucional diseñada para garantizar que las enmiendas a la Carta Magna sean inmunes a impugnaciones, como acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales o juicios de amparo.
La norma también establece su aplicación retroactiva, lo que impediría que la Corte pueda revisar la reforma judicial. Hasta ahora, tres de los 11 ministros de la Corte se han pronunciado públicamente a favor de la reforma.
