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Google está siendo objeto de una creciente atención por parte de las autoridades antimonopolio

La posible reelección de Donald Trump podría representar una ventaja para los gigantes de Silicon Valley, que han expresado su preocupación por una aplicación más agresiva de las normas de competencia. Aunque el republicano ha sido crítico con las grandes tecnológicas, se espera que adopte una postura más pasiva en la larga batalla legal que enfrenta Google, que ya lleva varios años en curso. Esto podría permitir a la compañía continuar con menos presión regulatoria en comparación con una administración más decidida a implementar reformas antimonopolio.

En 2020, el entonces presidente Donald Trump marcó un hito cuando su Departamento de Justicia presentó una demanda antimonopolio histórica contra Google, acusando al gigante tecnológico de tener un monopolio ilegal en el mercado de búsquedas en línea. Esta demanda se consideró el primer caso significativo de competencia en la era de Internet, sentando un precedente para futuros desafíos legales contra las grandes empresas tecnológicas.

Con el regreso de Donald Trump al poder, ha surgido un sentimiento de optimismo en Silicon Valley, donde se espera que su administración adopte una postura más relajada en cuanto a la regulación antimonopolio tecnológica, en contraste con la agresiva aplicación de normas durante la era Biden. Sin embargo, expertos en antimonopolio indicaron a Forbes que, aunque Trump podría disminuir el control del gobierno federal sobre las grandes tecnológicas, esto poco podría hacer para aliviar la situación de Google.

William Kovacic, ex presidente de la Comisión Federal de Comercio (FTC) y ahora profesor de derecho en la Universidad George Washington, señaló que “Google no puede obtener mucho consuelo de los resultados de las elecciones”, y advirtió que los esfuerzos federales contra el gigante tecnológico probablemente continuarían. Por su parte, George Hay, profesor de antimonopolio en la Facultad de Derecho de Cornell, coincidió en que es improbable que Trump retire su apoyo al caso, especialmente porque su administración fue la primera en presentarlo. “El caballo ya salió del establo”, comentó.

Google, por su parte, se negó a hacer comentarios sobre el asunto.

El caso antimonopolio contra Google, relacionado con su dominio en el mercado de búsquedas, fue llevado a juicio el año pasado. Durante los procedimientos, el gobierno federal argumentó que Google había firmado acuerdos ilegales con fabricantes de dispositivos para imponer sus productos a los consumidores. El centro del caso fue un acuerdo millonario con Apple, por el cual Google se convirtió en el motor de búsqueda predeterminado en iPhones y otros productos de la marca.

Google, por su parte, defendió su posición, asegurando que su liderazgo en el mercado se debía a la calidad de sus productos, y destacó que siempre ofrece a los consumidores opciones sencillas para cambiar sus preferencias predeterminadas. En octubre, un juez federal falló en contra de Google, lo que dio paso a un segundo juicio para determinar posibles remedios, que podrían incluir la prohibición de este tipo de contratos o, en el peor de los casos, la división de la empresa. Este juicio está programado para comenzar en abril.

En cuanto a las posibles medidas iniciales del gobierno, presentadas el mes pasado, Google ha afirmado que “van demasiado lejos”, sugiriendo que las soluciones propuestas podrían tener consecuencias excesivas para la compañía.

Como presidente, Trump tendría la autoridad para ordenar al Departamento de Justicia que se abstenga de investigar casos como el de Google, si así lo decidiera, o incluso sugerir un castigo más leve. Sin embargo, pedirle al Departamento de Justicia que abandone investigaciones antimonopolio de alto perfil, como la de Google, sería una medida extremadamente rara con importantes implicaciones políticas. Según William Kovacic, ex presidente de la FTC, tal decisión sería una que la mayoría de los presidentes evitarían, ya que debilitaría la posición y la independencia de los funcionarios encargados de la aplicación de las normas antimonopolio.

Un ejemplo histórico de abandono de un caso antimonopolio por parte del gobierno federal ocurrió en 1982, cuando el Departamento de Justicia cerró un caso de 13 años contra IBM que buscaba dividir la empresa. La agencia justificó su decisión argumentando que el caso del gobierno era “muy débil” y que las probabilidades de éxito eran mínimas. Este tipo de precedentes es extremadamente raro, lo que hace aún más complejo que un presidente opte por intervenir directamente en casos como el de Google.

Aunque Donald Trump es conocido por romper precedentes, incluso él podría no estar dispuesto a intervenir en el caso de Google debido a sus propias frustraciones personales con la empresa, según William Kovacic. En septiembre, Trump expresó su intención de procesar a Google por mostrar “ilegalmente” solo “malas historias” sobre él y favorecer a su oponente electoral, la vicepresidenta Kamala Harris. Estas quejas se sumaron a un argumento recurrente entre los conservadores, quienes durante años han afirmado, sin fundamento, que las grandes tecnológicas censuran las voces de la derecha.

Sin embargo, en un evento del Economic Club of Chicago en octubre, Trump pareció más cauteloso al abordar el tema de la posible división de Google. Expresó dudas sobre si esa sería la medida correcta, preguntándose si dividir a la compañía podría “destruirla” y darle una ventaja tecnológica a China. “Lo que se puede hacer sin dividirla es asegurarse de que sea más justa”, afirmó, sugiriendo una aproximación menos drástica pero aún en línea con sus preocupaciones sobre el poder de las grandes tecnológicas.

El otro caso federal contra Google, que se centra en su negocio de tecnología publicitaria, aún no ha concluido. El gobierno sostiene que Google ha abusado ilegalmente de ese mercado, aumentando los precios de los anuncios, en parte a través de su adquisición en 2008 de la startup DoubleClick, que se convirtió en la base de su extensa operación de publicidad digital. Google ha dicho que hay mucha competencia en el mercado por parte de rivales como Meta y Amazon, y que la parte que Google se lleva de los anuncios es sólo ligeramente superior a la media del sector. Google y el gobierno concluyeron sus casos en septiembre, y los alegatos finales están previstos para el 25 de noviembre.

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