Asimismo, se calcula que, debido a la venta de cigarrillos ilegales, el gobierno pierde anualmente 13 mil 500 millones de pesos en recaudación.
Gerardo Cleto López Becerra, presidente del Consejo para el Desarrollo del Comercio en Pequeño y la Empresa Familiar (ConComercioPequeño SC), afirmó que un conjunto de bandas del crimen organizado obliga al 90% de las tiendas tradicionales y misceláneas en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas a comercializar cigarrillos de contrabando, ilegales y piratas.
En los últimos años, se ha detectado la venta de cigarrillos ilegales en comercios establecidos de esas entidades federativas, con marcas como Denver, Elegance, Magnate, Manchester, Marble, Blue River, Pitbull, Indigo y Time, señaló el empresario.
López Becerra advirtió que el mayor peligro de este fenómeno radica en el fácil y barato acceso que los menores de edad tienen a estos productos nocivos. Las cajetillas de cigarrillos ilegales se venden entre 20 y 37 pesos, mientras que una cajetilla legal de 20 unidades puede costar hasta 86 pesos debido a los altos impuestos.
“El problema no es exclusivo de estas regiones, pero hay un corredor muy crítico a lo largo de la frontera norte del país, que incluye Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas. En este corredor, empresarios y responsables de nueve de cada 10 comercios se ven obligados por los criminales a vender cigarrillos ilegales para no poner en riesgo su seguridad o sus bienes”, explicó.
“Coahuila, por ejemplo, es un estado destacado por su seguridad y por los esfuerzos constantes de su gobierno para preservar la tranquilidad de sus habitantes. Las autoridades locales siempre han trabajado para asegurar la protección de la ciudadanía”, comentó.
“La venta de cigarrillos ilegales, impulsada por las bandas criminales, está poniendo en riesgo esta estabilidad. Esta actividad no solo genera extorsión, cobro de piso y violencia, sino que también fomenta la comisión de delitos que afectan a los estados donde estas marcas ilícitas han logrado infiltrarse profundamente”, expresó.
El presidente de ConComercioPequeño señaló que otro de los impactos graves de este problema es el económico, debido a los grandes recursos que se dejan de recaudar por impuestos.
“Las empresas reguladas aportan una parte significativa de sus ingresos en impuestos, los cuales se destinan a financiar servicios públicos. Sin embargo, la proliferación de cigarrillos ilegales reduce la recaudación fiscal, lo que impacta negativamente la economía nacional”, comentó.
De acuerdo con un estudio de la consultora Oxford Economics, se calcula que por la venta de cigarros ilegales, el gobierno pierde alrededor de 13 mil 500 millones de pesos anuales.
Para abordar esta problemática, ConComercioPequeño SC ha lanzado una campaña en los estados del noreste del país, con el fin de concienciar a los propietarios y encargados de comercios, a través de materiales impresos, sobre las graves sanciones económicas e incluso penales que podrían enfrentar por vender estos productos ilegales a sus clientes.
La campaña de concientización orienta a los comerciantes sobre las características que deben tener las cajetillas legales, como los pictogramas de alerta sanitaria que cubren el 30% del panel frontal, las leyendas que indican su venta exclusiva en México, los códigos de seguridad del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y los mensajes sanitarios.
“Vender cigarrillos ilegales puede acarrear sanciones que van desde el decomiso de la mercancía, multas y la clausura definitiva del negocio, hasta penas de cárcel para el propietario o encargado del comercio”, advirtió.
A través de esta iniciativa, el dirigente empresarial hizo un llamado a los comerciantes para que eviten estas prácticas y denuncien cualquier abuso o extorsión ante las autoridades, instándolos a “¡Proteger lo que han construido!”
López Becerra destacó la relevancia de que los pequeños comercios se mantengan informados y no participen en la venta de cigarrillos ilegales, para salvaguardar tanto la viabilidad de sus negocios como la salud de los consumidores. Además, reafirmó su disposición a mantener un diálogo abierto con las autoridades de los tres estados, con el propósito de generar alianzas que ayuden a combatir este comercio ilícito.
