El gas LP, sustraído de empresas legales y de Pemex, se comercializa en 619 gaseras clandestinas ubicadas en varios municipios del Estado de México.
El crimen organizado ha transformado a Ecatepec y Chalco en puntos clave para la distribución de gas LP robado a empresas legales y a Pemex, un fenómeno denominado gaschicoleo. Según una investigación llevada a cabo por la industria gasera, se han instalado gaseras clandestinas en estas áreas para vender el gas de manera ilegal en las carreteras.
En los últimos años, las gaseras clandestinas instaladas en el Estado de México representan una bomba de tiempo, ya que operan 619 estaciones sin autorización, donde se comercializa gas robado por el crimen organizado a lo largo de las carreteras, afectando tanto a las empresas legales como a Pemex, según los documentos.
El análisis realizado revela que la venta ilegal de gas LP ha provocado una competencia desleal, lo que representa un golpe directo para las 442 gaseras que sí cuentan con permisos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente.
Cada litro de gas robado es distribuido a través de 100 estaciones clandestinas en Chalco, otras 100 en Ecatepec y 27 en Chimalhuacán, según la documentación entregada a las autoridades para intentar frenar este mercado negro.
Los documentos también señalan que el robo de gas LP ha crecido de manera exponencial, lo que impacta negativamente al Estado Mexicano, a la Seguridad Pública y a la actividad económica permitida.
En los últimos 17 años, se han registrado 11,819 tomas clandestinas en los ductos por donde Pemex transporta gas LP.
Los estados más afectados por este fenómeno, conocido como huachigas, son Veracruz, Puebla, Estado de México y Tlaxcala, lo que está relacionado con la proliferación de estaciones clandestinas en Chalco y Ecatepec.
“Las gaseras clandestinas son un botín para las autoridades municipales y estatales; se dedicaron a cobrarles una cuota mensual de entre 150 mil y 200 mil pesos para permitirles operar con total impunidad, sin importarles el riesgo que representan para la población”, denuncia Martha Peña, habitante de Ecatepec, quien lleva más de dos años luchando junto con sus vecinos para que se clausure una gasera clandestina ubicada frente a una escuela en el municipio mexiquense.
Las denuncias vecinales y de las empresas ante la Fiscalía del Estado de México señalan que, durante la administración del ex alcalde morenista Fernando Vilchis, este lucrativo negocio ilegal creció considerablemente. El problema y los actos de corrupción escalaron a tal nivel que la actual alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, también morenista, ha intentado regular las gaseras clandestinas.
La alcaldesa de Ecatepec solicitó el apoyo de la gobernadora Delfina Gómez para resolver este grave problema heredado por su administración, pero hasta ahora no ha habido respuesta para abordar lo que se considera una bomba de tiempo.
“No es un problema nuevo, desde la administración de Vilchis hemos estado denunciando esta situación, pero él nunca nos hizo caso. Tenemos miedo porque los accidentes de fugas de gas, incendios y explosiones son constantes, y estas gaseras están ubicadas frente a escuelas, cerca de mercados o en unidades habitacionales, lo que representa un riesgo para todos”, afirma la activista que lucha contra la instalación de gaseras clandestinas en Ecatepec.
Las gaseras clandestinas no cuentan con personal capacitado, no cumplen con la NOM-003-SEDG-2004, y operan con tanques en mal estado, válvulas caducas y equipos con fallos de funcionamiento.
Además, los establecimientos que venden el gas robado no respetan las medidas mínimas de seguridad, carecen de los equipos necesarios para prevenir incendios y no cumplen con las distancias requeridas entre los tanques y los límites del predio. Un problema adicional es que muchas de estas instalaciones se encuentran cerca de escuelas, hospitales y centros de reunión, lo que agrava aún más los riesgos para la comunidad.
Las gaseras ilegales violan las normativas de la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura, ya que los predios son de menos de 1,600 metros cuadrados, carecen de uso de suelo permitido y no tienen la documentación requerida para operar.
Además, estos establecimientos incumplen las leyes de la Secretaría de Movilidad, ya que están ubicados sobre carreteras y avenidas sin los accesos y salidas adecuados. Al no cumplir con la superficie mínima, no cuentan con estacionamientos ni permiten giros adecuados para los vehículos, lo que aumenta el riesgo de accidentes. También están situadas en calles con alta densidad poblacional, lo que dificulta un desalojo rápido en caso de un accidente.
Asimismo, se ha detectado que muchas de estas gaseras ilegales operan en zonas protegidas y no cumplen con las normativas ambientales.
