La diputada de Morena, Magaly Deandar Robinson, presentó ante el Congreso una iniciativa legislativa que busca tipificar como delito la explotación laboral de menores, personas con discapacidad y adultos mayores, en un intento por fortalecer las protecciones a grupos vulnerables en México. La propuesta, que ha generado un amplio debate, establece penas de prisión y multas significativas para aquellos que se beneficien económicamente de estas prácticas. “Es inadmisible que sigamos permitiendo la explotación de quienes, por su condición, no pueden defenderse por sí mismos”, afirmó Deandar.
El proyecto de ley establece que quien explote laboralmente a menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores enfrentará penas de tres a seis años de prisión y multas de hasta 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA). Además, deberán retribuir el salario despojado, que no podrá ser inferior al salario mínimo vigente. “La explotación laboral no solo es una violación a los derechos humanos, es una forma de esclavitud moderna”, agregó la diputada, destacando la urgencia de esta reforma.
Uno de los aspectos más relevantes de la iniciativa es que contempla sanciones más severas cuando el explotador tiene una relación cercana con la víctima, como en casos de parentesco o cohabitación. En estos casos, además de las penas mencionadas, se perderá la patria potestad sobre la víctima. “Debemos cortar de raíz la normalización de estas prácticas, especialmente en el entorno familiar, donde muchas veces las víctimas están más expuestas”, señaló Deandar Robinson.
La diputada subrayó que la explotación laboral en México es una realidad cotidiana que afecta a miles de personas, particularmente en zonas marginadas y rurales. Aunque ya existen leyes que protegen los derechos laborales, considera que aún falta mucho por hacer en cuanto a la protección de los grupos más vulnerables. “Este es un paso necesario para erradicar un problema que ha sido invisibilizado por demasiado tiempo”, expresó.
Deandar Robinson también destacó que la reforma incluye un agravante cuando la explotación se comete con violencia o cuando afecta a más de una persona. En esos casos, las penas de prisión y las multas se incrementarán en un 50%. “No podemos permitir que se sigan aprovechando de la vulnerabilidad de estas personas, y menos aún cuando hay violencia de por medio”, dijo la legisladora.
La propuesta ha sido bien recibida por organizaciones de derechos humanos, que ven en esta iniciativa una herramienta efectiva para combatir la impunidad en casos de explotación laboral. “Es un avance importante, pero necesitamos asegurarnos de que la ley se aplique de manera efectiva y que las víctimas reciban el apoyo necesario para salir de esta situación”, afirmó un representante de una ONG local.
Con esta iniciativa, Morena busca seguir impulsando reformas que promuevan la justicia social y protejan a los sectores más desprotegidos de la sociedad. “No se trata solo de castigar a los culpables, sino de garantizar que estas personas tengan acceso a un trabajo digno y a una vida libre de explotación”, concluyó Magaly Deandar Robinson.
