Según el medio ProPublica, Washington ya ha iniciado la revocación de visas y está preparando sanciones dirigidas a actores políticos en México.
En una acción que podría aumentar considerablemente la presión sobre el gobierno mexicano, la administración de Donald Trump ha comenzado a revocar visas y a preparar sanciones contra políticos mexicanos señalados por presuntos vínculos con la corrupción relacionada al narcotráfico, de acuerdo con un reportaje publicado en el sitio ProPublica.
El artículo, firmado por el periodista Tim Golden, señala que hasta el momento dos figuras políticas han confirmado haber sido afectadas, aunque autoridades estadounidenses —bajo condición de anonimato— advierten que existe una lista mucho más extensa actualmente bajo revisión.
“Esa lista incluye a dirigentes del partido en el poder encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, a varios gobernadores estatales y a personas cercanas al expresidente Andrés Manuel López Obrador”, detalla el reportaje citando a fuentes oficiales.
Entre los casos confirmados, se menciona a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, quien admitió que tanto ella como su esposo, integrante de su administración, perdieron sus visas. No obstante, la mandataria estatal negó cualquier conducta indebida.
También han comenzado a circular de forma no oficial otros nombres, como el del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, aunque su equipo ha salido a desmentir dicha información.
“El endurecimiento en el tema de las visas representa un nuevo reto político para la presidenta Claudia Sheinbaum y su partido, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Aunque históricamente México ha reaccionado con cautela ante cualquier señal de intervención extranjera, Sheinbaum ha consolidado su respaldo interno al reafirmar la soberanía nacional en sus conversaciones con el presidente Donald Trump, mientras toma acciones que responden a sus exigencias sobre el combate al narcotráfico”, detalla el reportaje.
De acuerdo con fuentes estadounidenses, estas medidas no se limitarían a la cancelación de visas, sino que podrían extenderse a sanciones económicas aplicadas por el Departamento del Tesoro, tales como el congelamiento de cuentas y la prohibición de realizar operaciones financieras en Estados Unidos.
Estas acciones se respaldan en el Artículo 212 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, el cual faculta a las autoridades para declarar inadmisible a cualquier extranjero que haya tenido vínculos con el tráfico de drogas, incluso si no enfrenta cargos penales.
El reportaje señala que el endurecimiento de la postura de Estados Unidos ocurre en un momento de creciente tensión en la relación bilateral, justo cuando Claudia Sheinbaum da inicio a su administración.
Aunque la presidenta ha procurado sostener una relación pragmática con Washington y ha reiterado la soberanía de México ante el presidente Donald Trump, el texto advierte que esta nueva ofensiva podría poner a prueba tanto su liderazgo como su margen de maniobra.
Se menciona que Sheinbaum ha solicitado explicaciones formales al gobierno estadounidense por la cancelación de visas a políticos mexicanos, pero ha recibido la respuesta habitual: la información migratoria es confidencial.
La iniciativa se enmarca en una estrategia más amplia de combate al tráfico de fentanilo y otras drogas, la cual contempla incluso posibles acciones militares unilaterales contra cárteles mexicanos, según fuentes cercanas a la Casa Blanca.
Al frente de esta ofensiva se encuentra un grupo reducido encabezado por Anthony Salisbury, asesor adjunto de seguridad nacional, bajo la supervisión de Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca.
Esta acción recuerda a una lista elaborada en 2019 por la DEA, que identificaba a más de 30 funcionarios mexicanos con presuntos vínculos con el narcotráfico. Aunque en su momento no se avanzó en sanciones, el contexto actual —marcado por el juicio y condena de Genaro García Luna— ha renovado el interés por aplicar consecuencias directas.
Sin embargo, el reportaje aclara que dentro del propio gobierno estadounidense hay posturas encontradas. Exfuncionarios han advertido que el bajo umbral de prueba requerido para estas medidas podría derivar en decisiones basadas en información poco sólida, con el riesgo de provocar tensiones diplomáticas y alimentar el discurso de victimización por parte del gobierno mexicano.
El reportaje también señala que, según analistas, esta situación podría jugar a favor de Claudia Sheinbaum ante su base política, ya que le brinda la oportunidad de posicionarse como una firme defensora de la soberanía nacional frente a lo que califican como un “nuevo intervencionismo” por parte de Estados Unidos.
