Luego del cierre de establecimientos ante un operativo implementado por la Fiscalía General de la República por supuesta distribución de productos de marcas registradas en el centro de la ciudad, los comerciantes afectados procederán conforme a la ley.
Hay que resaltar que este operativo fue implementado a finales del mes de julio, en donde se aseguraron treinta establecimientos, mismos que fueron liberados tras llegar a acuerdos, pues se comprobó que no distribuían mercancía de otras marcas.
Ricardo Santos Lara, comerciante afectado, expresó su inconformidad ante la postura de las autoridades, quienes procedieron de forma violenta y con medidas poco ortodoxas, afectando fuertemente la economía de los oferentes.
Tras dialogar con sus compañeros afectados y empaparse un poco del tema, los comerciantes procederán conforme a la ley ante los agravios enfrentados.
“Se están viendo las medidas que se van a tomar, más que nada queremos que la autoridad sí requiere de alguna situación que ve que algo está mal, que se acerque, si queremos realmente cambiar las cosas, que sea de otra manera, no así”, expuso.
Hay que resaltar que los establecimientos estuvieron cerrados por un lapso aproximado de 6 días, en donde las pérdidas económicas fueron elevadas.
Pues a pesar de no vender absolutamente nada, tuvieron que cubrir gastos como el pago de nómina y los servicios que generan al ocupar el local.
Esta medida fue tomada en Altamira y Tampico, registrando mayor afectación en la Urbe Industrial, toda vez que el cierre tomó por sorpresa a propietarios de establecimientos de giros variados como electrónica, ropa, novedades y productos chinos por citar algunos.
