A una semana del inicio de clases, la jueza Yadira Medina emitió su veredicto: congelar la entrega de los cuestionados libros de texto gratuitos del ciclo escolar 2023-2024.
Por el contrario, ordenó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) establecer una estrategia con autoridades educativas de los estados y municipios, para repartir ya sea de forma virtual o física los libros aprobados para el ciclo escolar pasado, así como implementar los programas de estudio del periodo 2022-2023.
La juzgadora notificó este lunes que concedió un amparo para efectos a la Unión Nacional de Padres de Familia, en el que establece que se deberá garantizar por cualquier medio la entrega de los materiales de manera oportuna a los infantes y adolescentes, y si es necesario las autoridades federales deberán hacer ajustes presupuestales.
¿Quiénes deberán cumplir con la sentencia de la jueza, sobre los libros de texto gratuitos?
Sin mayor especificación, la juzgadora notificó este lunes que concedió un amparo, el cual podrá ser impugnado en los próximos días ante un tribunal federal por el Gobierno de México.
Según registros judiciales las autoridades que deben cumplir con la sentencia de la jueza son el subsecretario de Educación Básica, el director general de Materiales Educativos, así como la directora general de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos.
¿Que ordena la jueza para repartir los libros de texto gratuitos del ciclo anterior?
“En concordancia con las autoridades estatales educativas (titulares del Poder Ejecutivo de cada entidad federativa) y locales (municipales), establecerán una estrategia para la implementación de los programas y libros aprobados para el ciclo escolar 2022-2023; pudiendo establecer un reparto virtual o físico, o cualquier otro que garantice la entrega oportuna a la infancia y adolescencia, considerando para tal entrega los requerimientos y contextos de cada entidad federativa”, señaló la juzgadora.
Incluso, la jueza expuso que para lograr lo anterior, en cumplimiento del principio de progresividad de los derechos humanos previsto en el artículo primero constitucional, las autoridades federales gestionarán los ajustes presupuestales necesarios, considerando el interés superior de la infancia y la adolescencia.
En mayo pasado Medina Alcántara explicó que el interés superior de la infancia se funda en la dignidad del ser humano, y por ello, dijo en su momento, los materiales que servirán para su educación deben ser garantizados respecto a su contenido.
