El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, decretó este miércoles la disolución de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, y solicitó la convocatoria de nuevas elecciones.
Esta decisión, utilizando un mecanismo constitucional conocido como “muerte cruzada”, se produce en medio del juicio político iniciado en su contra por acusaciones de malversación de fondos públicos, algo que Lasso ha negado y calificado como una maniobra política para desbancarlo.
La “muerte cruzada” permite al jefe de Estado disolver la Asamblea Nacional en caso de tres escenarios: si considera que los legisladores están obstaculizando su capacidad para gobernar, por grave crisis política y conmoción interna, y -cuando a su juicio- el poder legislativo se arrogue funciones que no le competen.
En el decreto ejecutivo 741 firmado por el mandatario, se hace mención a la crisis política que atraviesa el país y, además, Lasso acusa a la Asamblea de “un afán de desestabilización contrario a la obligación de colaboración y coordinación entre entidades públicas y poderes del Estado”.
Al recurrir a este mecanismo, el presidente también debe llamar a nuevas elecciones legislativas y presidenciales en seis meses, en las que se puede presentar nuevamente como candidato, pero en las que se arriesga a perder el poder por la vía del voto popular.
De ahí viene el término “muerte cruzada”, ya que tanto el presidente como la Asamblea Nacional pierden sus atribuciones.
“Esta es una decisión democrática, no solo porque es constitucional, sino porque le devuelve al pueblo ecuatoriano, a ustedes, el poder de decidir su futuro en las próximas elecciones”, dijo Lasso en el anuncio.
Es la primera vez que se aplica la “muerte cruzada” desde su introducción en la Constitución en 2008 bajo el gobierno de Rafael Correa.
¿Qué sucede ahora?
Lasso permanecerá en su cargo, gobernando por decreto, mientras las autoridades electorales fijan la fecha de las elecciones.
El tribunal electoral de Ecuador debe decidir la fecha de los nuevos comicios dentro de los siete días posteriores a la disolución de la Asamblea Nacional.
El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (Comaco), Nelson Proaño, aseguró a través de un video que junto a la Policía Nacional se “mantendrán en su posición inalterable de absoluto respeto a la Constitución y las leyes”.
Proaño agregó que la decisión de Lasso de disolver la Asamblea estaba consagrada en la Constitución.
La policía y miembros de las fuerzas militares rodearon la Asamblea Nacional sin permitir el paso.
Según explicó a la prensa local el comandante general de la Policía Nacional, Fausto Salinas, el edificio principal y otras dependencias de la Asamblea Nacional se mantendrán bajo resguardo de ese cuerpo y de las fuerzas militares.
Algunos legisladores han dicho que cualquier disolución de la Asamblea sería inconstitucional y que se negarían a cumplirla.
La organización indígena más grande de Ecuador, CONAIE, opinó en Twitter que la decisión de Lasso constituía una “dictadura” y que celebrarían un “consejo ampliado extraordinario” para analizar la situación.
Leonidas Iza, presidente de la CONAIE, acusó a Lasso de dar un “cobarde autogolpe de Estado con ayuda de Policía y de las Fuerzas Armadas”.
El expresidente Rafael Correa, por su parte, calificó la decisión del presidente de “ilegal”.
“Es obvio que no existe ningún estado de conmoción interna, sino un juicio político en aplicación de la Constitución. En todo caso, es la gran oportunidad para mandar a la casa a Lasso, su Gobierno y sus legisladores de alquiler”, escribió Correa en su perfil de Twitter.
¿De qué se acusa al presidente Lasso?
La maniobra de Lasso se produce un día después de que el mandatario presentó su defensa en el inicio del juicio político en su contra.
El presidente niega que haya tenido conocimiento de una supuesta malversación de fondos públicos por parte de funcionarios que habrían otorgado de forma fraudulenta varios contratos de transporte de petróleo, el principal activo de Ecuador.
Lasso sostiene que esos contratos se firmaron durante el anterior gobierno de Lenín Moreno (2017-2021) y que su administración solicitó a la Contraloría (Tribunal de Cuentas) una revisión de los mismos.
El mandatario exhibió el informe de la Comisión de Fiscalización -rechazado por el parlamento- que recomienda desechar el juicio político por falta de pruebas y alegó que este proceso es una maniobra política malintencionada para desbancarlo.
Lasso se enfrentaba a una posible destitución si la Asamblea, dominada por la oposición, conseguía una mayoría suficiente de más de dos tercios de la Cámara, es decir, al menos 92 del total de 137 asambleístas.
La votación para decidir si se le destituía o no debía producirse el próximo sábado en la Asamblea. Con su recurso a la “muerte cruzada”, Guillermo Lasso evitó que ocurriera.
