La medida antiinmigrante convierte en delito menor el ingreso irregular de un extranjero y se convierte en un crimen grave, con hasta 20 años de prisión, si el infractor es reincidente.
Un juez estadounidense suspendió este jueves la entrada en vigor de una polémica ley de Texas que permitía a las autoridades policiales detener y expulsar a migrantes sospechosos de haber ingresado ilegalmente a Estados Unidos, según informaron los demandantes.
La ley, que se preveía comenzaría el próximo lunes y queda suspendida temporalmente, es una de las medidas antiinmigrantes más drásticas en la historia estadounidense. Los defensores de los migrantes han advertido que la ley conducirá directamente a la discriminación racial, en especial contra los hispanos.
La medida (SB 88-4) fue demandada por grupos de defensa de derechos civiles encabezados por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) en diciembre pasado a pocos días de ser firmada por el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, principal impulsor de la medida.
Los demandantes alegan que la ley es inconstitucional porque viola la supremacía de la ley federal, que regula la inmigración en EU, sobre las medidas aprobadas por un estado.
La ley convierte en delito menor el que un extranjero “ingrese o intente ingresar al estado desde una nación extranjera” de forma irregular. La falta se convierte en un crimen grave, punible hasta con 20 años de prisión, si el infractor es reincidente.
La iniciativa también permite a la Justicia estatal ordenar la expulsión de personas sin mediar proceso legal. Además, otorga a los oficiales de policía la autoridad para arrestar a cualquier individuo del que sospechen que ingresó ilegalmente al país y tienen la facultad discrecional de expulsarlo a México en lugar de arrestarlo.
Anand Balakrishnan, abogado del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU, dijo en un comunicado que la decisión del tribunal federal “confirma” la ilegalidad de la medida.
Edna Yang, codirectora ejecutiva de American Gateways, otra de las organizaciones demandantes, subrayó que “la única manera de arreglar nuestro fallido sistema de inmigración es a través de la acción del Congreso federal, no de la acción estatal individual”.
La implementación de esta medida ocurre en un contexto en el que tanto la administración de Biden como la de Trump han estado enfrentando desafíos en la frontera sur
La decisión temporal emitida por la Corte Federal del Distrito Oeste de Texas se da justo cuando el presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump, por separado, llegaron este jueves a la frontera sur de ese estado para avanzar en sus campañas electorales en torno a la inmigración.
El mandatario estadounidense se reúne con miembros de la Patrulla Fronteriza y las autoridades y líderes locales en Brownsville, mientras que Trump estará a 500 kilómetros al noreste en Eagle Pass. Allí, Abbott ha instaurado varias medidas que desafían el poder federal sobre inmigración.
Los demandantes anticiparon que lo más probable es que el Gobierno de Texas apele la decisión temporal de la corte.
La ley produjo el rechazo de gobiernos locales como el de El Paso, que participó en la demanda.
Iliana Holguín, comisionada de ese condado, aplaudió en un comunicado la decisión de la corte y dijo que la ley “impondría una carga indebida a los contribuyentes locales, al tiempo que abriría la puerta a posibles violaciones de los derechos civiles de los residentes fronterizos”.
