En México, la petición de la FGR se presentó el 22 de enero de este año, sin embargo, el 31 del mismo mes, Raquel Ivette Duarte Cedillo, jueza Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, determinó devolver el expediente original de la causa penal, para que el Ministerio Público Federal “subsanara deficiencias existentes”.
El caso tiene que ver con una averiguación previa que se inició el 7 de enero de 2009, con motivo de una denuncia presentada en su contra por un testigo protegido que formó parte del Cártel del Golfo y que señaló que Tomás Yarrington, en su calidad de gobernador facilitó la comisión de delitos contra la salud y llevó a cabo operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La denuncia, según la FGR, encontró sustento en lo declarado por diversos testigos protegidos.
A partir, de esto, la representación social realizó el desglose de las actuaciones que integran la indagatoria, formando diversos expedientes, en los que se ejerció acción penal y existen mandamientos de captura por su probable responsabilidad en delitos de lavado de dinero y contra la salud.
Es de mencionar que, en diversas investigaciones en México se presume que Tomás Yarrington facilitó el tráfico de drogas del Cártel del Golfo durante su mandato.
En su momento, en Estados Unidos la DEA hizo señalamientos públicos contra Yarrington por presuntamente recibir millones de dólares del Cártel del Golfo y Los Zetas, tras proteger sus operaciones.
Lo anterior se basó en las declaraciones que rindió Antonio Peña Argüelles, detenido en San Antonio, Texas.
De acuerdo a los estadunidenses, Argüelles era el intermediario de Yarrington con los líderes de ambas organizaciones criminales; sin embargo, no fue el único testigo que declaró contra el ex gobernador.
En mayo de 2012, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó dos demandas ante Cortes Federales para decomisar propiedades de Yarrington que supuestamente habría adquirido en Texas por medio de prestanombres, con recursos de origen ilícito.
El 9 de abril de 2017, Tomás Yarrington fue detenido en la ciudad de Florencia, Italia, tras la existencia de una ficha roja emitida por Interpol.
El 11 de abril, el Ministerio de Justicia de Italia notificó oficialmente y de manera simultánea a las autoridades de México y de los Estados Unidos, sobre la audiencia y determinación de la Corte de Apelaciones de Florencia de fecha 10 de abril de 2017, respecto de legalidad de la detención, con fundamento en las órdenes de aprehensión libradas por las autoridades judiciales tanto en México como en los Estados Unidos y su sujeción del reclamado a la prisión preventiva.
Al final, el ex gobernador fue extraditado a Estados Unidos, donde fue juzgado y sentenciado y ahora México busca también enjuiciarlo.
