Un tribunal federal mexicano decidió, este jueves 9 de mayo, cambiar la medida cautelar de prisión para ocho militares acusados en la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, con lo que ahora podrán seguir su proceso un libertad, informó el abogado de la víctimas.
Los militares, procesados por desaparición forzada y delincuencia organizada, habían sido liberados a principios de año aunque, poco más tarde, volvieron a ser detenidos. Ahora, después de un mes de audiencias, el tribunal que lleva su caso volvió a determinar que podrán seguir el proceso fuera de la cárcel si pagan una fianza y se presentan periódicamente en los juzgados, explicó Santiago Aguirre, director del Centro Prodh, que representa a los padres de los jóvenes desaparecidos.
Aunque las medidas cautelares de los acusados en procesos penales pueden cambiar a lo largo del juicio, los vaivenes judiciales que ha habido con estos militares son cuestionados por las víctimas sobre la manera en la que se está desarrollando la investigación.
Según indicó el Centro Prodh en sus redes sociales, esta última decisión muestra el criterio “parcial y sesgado” de un juzgado y cómo “el poder militar sin contrapesos” está complicando el acceso a la justicia y el esclarecimiento del caso, porque, según alegaron, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) está litigando a favor de los militares involucrados y se niega a entregar documentos que podrían ayudar a la investigación.
A casi diez años de la desaparición, el 26 de septiembre de 2014, en la ciudad de Iguala, Guerrero, no está claro el destino de los estudiantes de la escuela normal rural Ayotzinapa, aunque se encontraron restos calcinados de tres de ellos. Las autoridades creen que todos fueron asesinados por miembros de un cártel que traficaba heroína y que actuó coludido con fuerzas de seguridad y autoridades locales, estatales y federales, incluidos efectivos militares.
La participación de las fuerzas armadas fue mencionada por la Fiscalía General de la República, así como por la Comisión de la Verdad creada al principio del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador y por los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que investigaron el caso ocho años. Sin embargo, no está claro hasta dónde llegó su actuación en lo que esto gobierno calificó como un “crimen de Estado”.
Los expertos internacionales y los abogados de las víctimas aseguran que existen muchas evidencias de que la participación de los militares fue mucho mayor a la reconocida por las autoridades y critican que el Ejército sigue ocultando unos 800 documentos de inteligencia que podrían contener datos clave para esclarecer los hechos.
Hay decenas de detenidos en este caso. El exprocurador general Jesús Murillo Karam es el implicado de más alto rango y está acusado de obstrucción a la justicia, tortura y desaparición forzada. Sus abogados consiguieron que un juez le concediera el beneficio de prisión domiciliaria en abril por su estado de salud y tener más de 75 años.
A punto de concluir la actual administración, que comenzó en diciembre de 2018 y terminará en septiembre, la relación entre el presidente López Obrador y los padres de los estudiantes se ha tornado muy tensa. Los parientes de las víctimas se sienten traicionadas por el mandatario, que les prometió averiguar toda la verdad sobre los jóvenes desaparecidos y el caso está aún sin cerrar.
