Economia

Inversionistas alertan sobre un posible retroceso de medio siglo debido a la reforma judicial, según Bloomberg

La agencia afirma que la reforma judicial está generando preocupación entre los inversionistas debido a la ausencia de tribunales independientes a los cuales recurrir en caso de disputas.

Según un informe de Bloomberg publicado este miércoles, la reforma al Poder Judicial aprobada por el Congreso podría provocar un retroceso de 50 años en el entorno de negocios en México.

“Según los críticos, la reforma podría hacer retroceder 50 años el clima de negocios, evocando la época en que la política mexicana estaba dominada por el PRI. En ese entonces, el poder estaba concentrado en el Ejecutivo, y el partido no dudaba en reprimir a la oposición”, señaló la nota.

“En 1982, el gobierno nacionalizó los bancos mexicanos, y en ese período, sectores como el petróleo y las telecomunicaciones ya estaban en gran medida bajo control estatal”, añadió.

La agencia destacó que la reforma judicial está generando preocupación entre los inversionistas debido a la falta de tribunales independientes a los que puedan recurrir en caso de disputas.

“En los últimos seis años, los inversionistas contaban al menos con un recurso al que recurrir en caso de desacuerdo con Andrés Manuel López Obrador: los tribunales mexicanos”, expuso.

“Utilizaron la Suprema Corte cuando el gobierno amenazó con encarcelar a quienes fueran acusados de fraude fiscal, incluso antes de que se celebraran los juicios. También recurrieron a la Corte cuando AMLO, como se conoce al presidente, intentó aprobar una ley nacionalista sobre electricidad”, añadió.

Señaló que el peso, que antes era una de las divisas de mejor desempeño a nivel mundial, sufrió una caída significativa cuando se hizo evidente que el presidente promovería una iniciativa para elegir jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte mediante voto popular: “Ahora está más de un 14% más débil desde principios de año”.

José Medina Mora, director de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), declaró a Bloomberg: “Hemos avanzado mucho en la formación de nuestra democracia, en la separación de poderes y en evitar que un solo partido tenga demasiado control”.

Añadió: “Estamos regresando a un régimen donde todo el poder está centralizado en el presidente, similar a la situación de los años 70”.

Bloomberg destacó que, aunque las empresas pequeñas podrían no verse tan afectadas por la reforma judicial, las firmas más grandes podrían considerar invertir en otros países si tienen la opción de trasladar su capital.

En agosto, Global Companies in Mexico, un grupo que incluye a empresas como Nestlé, AT&T y MetLife, advirtió que la reforma judicial podría desalentar la inversión. El grupo instó al gobierno a modificar la reforma para asegurar la independencia judicial y cumplir con las regulaciones del comercio internacional.

Medina Mora comentó que la reforma judicial impulsada por AMLO podría frenar la inversión extranjera, ya que las empresas internacionales tienden a evitar países con un débil Estado de derecho.

José Domingo Figueroa, del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, dijo a Bloomberg que la politización de los nombramientos judiciales “abriría la puerta a que los jueces enfrenten presiones externas que podrían comprometer su independencia e imparcialidad”.

Bloomberg señaló que, según un informe del grupo financiero Base, una posible solución alternativa para los inversores extranjeros sería exigir que las disputas se resuelvan bajo la jurisdicción estadounidense. Sin embargo, advirtió que es demasiado pronto para determinar si esta medida será efectiva.

Señaló que la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum, ha desestimado las críticas contra la reforma judicial, afirmando que “los inversionistas nacionales y extranjeros deben tener la certeza de que sus inversiones estarán bien protegidas en México, y que esta reforma al Poder Judicial fortalece la democracia y la justicia”.

Con la aprobación de la reforma en el Congreso de la Unión, ahora solo falta que 17 congresos locales ratifiquen la reforma para que pueda ser publicada en el Diario Oficial de la Federación.

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