En memoria de los daños que causaron los terremotos ocurridos en septiembre de 1985, el Gobierno de México decretó el 19 de septiembre como Día Nacional de Protección Civil.
El objetivo es fomentar una cultura de autoprotección y despertar el interés de la población por crear acciones de prevención que ayuden a minimizar los daños que derivan de situaciones
de catástrofe o emergencia.
Pero ¿Cómo está Tamaulipas en este tema?
Para el 2022 la entidad ocupó el lugar número seis, en aumento de personal al contar con más de tres servidores públicos por cada 100 mil habitantes, 1.5 más que en 2021.
En 2022, las unidades de protección civil de los gobiernos estatales contaron con 3 mil 884 personas para realizar las actividades de protección y auxilio, así como las acciones de prevención, identificación y delimitación de los riegos, entre otras que les confiere la LGPC.
Las entidades con las tasas más altas de personal de protección civil fueron: Guerrero, Nayarit, Campeche y Tabasco, con más de 10 personas servidoras públicas por cada 100 mil habitantes.
Hidalgo y Baja California presentaron tasas menores a uno, es decir, por cada servidora o servidor público de protección civil en Baja California, aproximadamente hubo treinta en Guerrero o Nayarit.
Si bien la tasa nacional de personas servidoras públicas en las unidades estatales de protección civil se mantuvo, en 14 entidades hubo un aumento, principalmente en Colima y Tamaulipas, con 1.8 y 1.5 servidoras y servidores por cada 100 mil habitantes más que en 2021, respectivamente.
Tal como se exige, la entidad si cuenta con el Plan de Protección Civil, Plan de Emergencia y Atlas de Riesgo. En contra parte la entidad está entre los 10 Estado con menor presupuesto per capita ejercido con 6.3 pesos por persona.
Durante 2022, las unidades estatales de protección civil ejercieron 2 mil 188 millones que equivale a un promedio de 17.5 pesos por habitante a nivel nacional. En términos reales, disminuyó 14.5 por ciento respecto a lo que ejercieron en 2021.
La unidad de protección civil de Chiapas ejerció el mayor monto per cápita, con 105 pesos; siguió Campeche, que erogó 83 pesos por habitante. En contraste, las unidades de protección civil de Baja California, Aguascalientes, Baja California Sur, Sonora, Puebla, Chihuahua, Durango e Hidalgo ejercieron menos de cinco pesos por habitante cada una.
La ley
Para establecer las bases de la coordinación en materia de protección civil entre la federación,
las entidades federativas y los municipios, en el año 2000 se promulgó la Ley General de Protección Civil (LGPC).
Esta rige y establece los lineamientos sobre protección civil en México y la define como el conjunto de acciones solidarias y participativas encaminadas a proteger y salvaguardar la vida de las personas, su patrimonio y el ambiente que las rodea, de riesgos de origen natural y humano.
Dicha Ley instruye a las unidades de protección civil para organizar, coordinar y operar el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) y los sistemas estatales y municipales.
También señala que estas unidades se encargan de realizar acciones de prevención, respuesta y recuperación ante situaciones de emergencia, fenómenos naturales o situaciones
adversas provocadas por la acción humana.
Con el objetivo de conocer los recursos humanos y presupuestales con que cuentan las unidades estatales de protección civil, así como de las acciones que realizaron, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI) presentó los resultados del estudio.
