La organización solicita al Senado que detenga la iniciativa, argumentando que esto marcaría el final del proceso de militarización en la seguridad pública.
Amnistía Internacional (AI) expresó su preocupación este viernes por la aprobación por parte de la Cámara de Diputados de la reforma que transfiere el control de la Guardia Nacional al Ejército, instando a los senadores a detener la iniciativa en la próxima semana.
Amnistía Internacional (AI) manifestó su pesar a través de redes sociales por la aprobación de la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional por parte de la Cámara de Diputados. En su declaración, la organización hizo un llamado al Senado para que detenga la reforma constitucional impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, advirtiendo que esto marcaría el final del proceso de militarización de la seguridad pública y representaría un grave retroceso en derechos humanos.
Este pronunciamiento se produjo un día después de que los diputados aprobaran, por mayoría, la modificación del artículo 129 de la Constitución, que limita las funciones militares en tiempos de paz, una norma que no había sido alterada desde 1857.
Además, la reforma modifica el artículo 21, eliminando la “garantía orgánica” que establece que las instituciones de seguridad pública deben ser de carácter civil. Esto ocurre a pesar de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha documentado más de 1,700 quejas contra la Guardia Nacional en su Sistema Nacional de Alerta de Violación de Derechos Humanos.
Amnistía Internacional (AI) expresó su inquietud al notar que, a pocos días del aniversario de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014, y de la masacre de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968, ambos eventos involucrando a militares, se esté promoviendo esta reforma. “Ignorando el sufrimiento de todas las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas”, criticó la organización internacional.
Las responsabilidades de las Fuerzas Armadas se han ampliado bajo la administración del presidente López Obrador, quien ha asignado a los militares funciones en seguridad pública, construcción de infraestructura, gestión de aduanas y puertos, así como la dirección de proyectos estatales como el Tren Maya.
Organizaciones y activistas en defensa de los derechos humanos han señalado los riesgos asociados a esta reforma, afirmando que no resolverá la crisis de violencia e inseguridad que afecta a México desde hace tres administraciones. Durante el gobierno de López Obrador, se ha registrado un récord de más de 190,000 asesinatos.
