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El vandalismo registrado durante la marcha del 2 de octubre en la Ciudad de México provocó pérdidas de 23 millones de pesos en comercios.

El vandalismo durante la marcha conmemorativa del 2 de octubre en la Ciudad de México causó pérdidas por 23 millones de pesos a los comercios afectados, según Octavio de la Torre, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur).

De la Torre enfatizó que no se deben tolerar este tipo de agresiones y que las autoridades deben garantizar que las manifestaciones se realicen en un marco de respeto y legalidad. Hizo un llamado urgente a las autoridades para que implementen medidas efectivas que prevengan futuros actos de violencia en las protestas.

Ante los recientes incidentes de vandalismo en la marcha que conmemoraba el 56 aniversario de la matanza de Tlatelolco, el líder del pequeño comercio pidió priorizar el orden y la paz social, asegurando que el derecho a protestar no debe afectar los derechos de otros.

Si bien reconoció que las manifestaciones son un derecho legítimo, subrayó que deben llevarse a cabo sin violencia ni daños a terceros. Rechazó enérgicamente los actos de vandalismo que afectaron tanto a comercios como a monumentos, instando a las autoridades a aplicar la ley de manera firme para prevenir y sancionar estas acciones.

Durante la marcha, se reportaron daños en más de 7,500 negocios en el centro de la Ciudad de México, lo que impactó a comerciantes y ciudadanos que dependen de esos establecimientos para su sustento. Además, mencionó que estos actos no solo afectan la economía local, sino que también amenazan el patrimonio cultural del país, que incluye 33 sitios declarados Patrimonio Mundial por la Unesco.

De la Torre recordó que la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos establece penas de prisión y multas para quienes dañen estos bienes. Exigió una aplicación rigurosa de la ley para proteger a las empresas familiares y preservar el patrimonio cultural, señalando que es responsabilidad compartida entre el gobierno y la ciudadanía.

Finalmente, reiteró la necesidad de que el ejercicio del derecho a manifestarse se realice sin agresiones, destacando que la paz social y el respeto son fundamentales para la convivencia y el desarrollo económico en el país.

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