La región enfrenta retos estructurales en la seguridad social, como la creciente informalidad laboral, la desigualdad y los déficits financieros.
Latinoamérica enfrenta desafíos estructurales en la seguridad social, como la creciente informalidad laboral, la desigualdad y los déficits financieros. Aunque algunos países han implementado reformas para mejorar la sostenibilidad y cobertura de sus sistemas, las soluciones a largo plazo siguen siendo inciertas. La alta informalidad limita las contribuciones al sistema, mientras que las desigualdades en el acceso a servicios de salud y pensiones siguen siendo un obstáculo importante. Además, los déficits financieros amenazan la estabilidad de los programas sociales en la región, lo que hace necesario repensar estrategias más inclusivas y sostenibles.
Alta informalidad
En Perú, el 71.2% de la población económicamente activa trabaja en la informalidad, aunque la cobertura de salud alcanza al 89.1%, principalmente a través del Seguro Integral de Salud (SIS).
En el ámbito de pensiones, solo el 34.9% de los adultos mayores están afiliados a un sistema de pensiones, y la sostenibilidad de este sistema enfrenta crecientes presiones.
Por otro lado, en Venezuela, los pensionistas enfrentan ingresos extremadamente bajos, con una pensión mensual de apenas 2.5 dólares, complementada por bonos gubernamentales. Aunque la Constitución garantiza la salud pública gratuita, los hospitales del país sufren de una grave escasez de recursos. Además, la informalidad laboral es elevada, alcanzando un 70% según cálculos no oficiales, lo que agrava la carga sobre los contribuyentes formales y aumenta las dificultades para financiar los servicios públicos.
Colombia aprobó una reforma en 2024, que entra en vigor en 2025, con el objetivo de aumentar la cobertura de pensiones del 24% al 87% para 2052. Esta reforma introduce un sistema mixto compuesto por cuatro pilares: solidario, semicontributivo, contributivo y de ahorro voluntario. A pesar de estos esfuerzos, la alta informalidad (50%) y la brecha de género siguen siendo desafíos persistentes para la implementación efectiva de la reforma.
Argentina establece que cada trabajador aporte un 11% de su salario al sistema de jubilaciones y un 3% a los servicios de salud, mientras que los empleadores contribuyen con un 16% para jubilaciones y un 6% para salud. El sistema también cubre asignaciones familiares, pensiones y desempleo, pero enfrenta problemas de sostenibilidad debido al envejecimiento de la población y un creciente déficit fiscal. Hasta mayo de 2024, solo el 27.3% de la población total contribuía al sistema, dejando fuera a un alto porcentaje de trabajadores informales (36,4% de los asalariados).
México cuenta con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) como sus principales instituciones públicas de seguridad social. El IMSS cubre a más de 75 millones de personas y el ISSSTE a 13.5 millones. Además, el IMSS-Bienestar ofrece atención médica gratuita a quienes no tienen seguridad social. No obstante, la informalidad laboral sigue siendo un reto importante para expandir la cobertura y la calidad de los servicios.
El Salvador enfrenta una tasa de informalidad laboral del 70%, lo que afecta directamente la sostenibilidad de su sistema de seguridad social. A pesar del crecimiento económico reciente, la pobreza ha aumentado, lo que refleja la persistente desigualdad en el país y complica la cobertura adecuada del sistema de seguridad social.
Honduras: En Honduras, el 39% de la población asalariada está asegurada, mientras que la informalidad afecta al 77% de los empleos, lo que representa aproximadamente el 44% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, es decir, unos 300,000 millones de lempiras (11,848 millones de dólares). Este panorama resalta un sistema de seguridad social excluyente y vulnerable, que deja a una gran parte de la población sin acceso a los beneficios básicos.
Bolivia: Bolivia enfrenta una tasa de informalidad cercana al 80%, según datos de organizaciones privadas. A pesar de que su sistema de pensiones ofrece una renta de vejez del 70% del salario referencial, solo 220,000 personas están jubiladas. La precarización laboral y la limitada cobertura son problemas estructurales que limitan la efectividad y alcance del sistema de seguridad social en el país.
Reformas pendientes:
Brasil: El sistema de seguridad social en Brasil enfrenta serias amenazas a su sostenibilidad debido al rápido envejecimiento poblacional y el creciente déficit fiscal. A pesar de la reforma de 2019 que estableció una edad mínima de jubilación, los problemas siguen siendo persistentes. En 1980, el sistema contaba con un beneficiario por cada 15 contribuyentes, mientras que hoy la proporción es de un beneficiario por 5 contribuyentes. Se prevé que en 2054 la relación sea de un beneficiario por cada contribuyente. Este desajuste presionará aún más las finanzas del sistema, que en 2023 recaudó 98,167 millones de dólares en contribuciones y gastó 150,783 millones de dólares en pensiones y jubilaciones, resultando en un déficit de 52,617 millones de dólares.
Chile: Chile adoptó un sistema de capitalización individual durante el régimen de Augusto Pinochet (1973-1990), que es gestionado por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Este sistema, basado en cuentas individuales de ahorro, ha sido objeto de controversia debido a sus altos costos administrativos y a las pensiones bajas que genera para una gran parte de la población, lo que ha llevado a debates sobre su sostenibilidad y la necesidad de reformas para mejorar la cobertura y equidad del sistema.
Uruguay: En 2023, Uruguay reformó su sistema de pensiones, elevando la edad de jubilación a 65 años. Esta medida fue diseñada para garantizar la sostenibilidad del sistema, pero encontró resistencia social. Las reformas continúan siendo un tema clave para el nuevo gobierno del izquierdista Yamandú Orsi, quien asumirá la presidencia en marzo de 2025, y se espera que se siga discutiendo en el futuro cercano.
Panamá: La Caja del Seguro Social (CSS) en Panamá enfrenta una crisis financiera significativa. Una propuesta reciente sugiere elevar la edad de jubilación y aumentar las contribuciones patronales, pero ha generado amplio rechazo tanto social como político. En respuesta a este rechazo, el gobierno ha acordado retomar el debate en enero de 2025 con el objetivo de aprobar su proyecto de reforma.
Costa Rica: En 2024, Costa Rica implementó una reforma en su sistema de pensiones (IVM), que eliminó la jubilación anticipada para los hombres. Aunque el sistema tiene un modelo universal, enfrenta serios problemas de sostenibilidad. Una de las principales prioridades es atraer a los trabajadores informales, que constituyen el 40% del empleo en el país, lo que representa un reto para ampliar la cobertura.
Paraguay: En Paraguay, se reformó el cálculo de las jubilaciones para evitar distorsiones causadas por aumentos salariales tardíos. Sin embargo, solo el 24.5% de la población está cubierta por el sistema de seguridad social, y el país enfrenta un alto nivel de informalidad laboral, que alcanza el 62%. Este contexto limita la efectividad del sistema y su capacidad para ampliar la cobertura.
Cuba: Cuba cuenta con un sistema de seguridad social único en la región, garantizando la cobertura sanitaria universal y gratuita. No obstante, enfrenta problemas relacionados con el deterioro de la calidad de los servicios y las dificultades económicas del país. Estas tensiones están afectando la capacidad del sistema para ofrecer atención adecuada y sostenible a toda la población.
República Dominicana: En República Dominicana, el régimen subsidiado ha logrado ampliar la cobertura de salud, pero los servicios de atención enfrentan alta demanda y frecuentes retrasos. Además, la informalidad laboral sigue siendo un obstáculo importante para las contribuciones al sistema contributivo, lo que limita la capacidad de expansión y sostenibilidad de la seguridad social en el país.
Nicaragua: En abril de 2018, el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) aprobó una reforma polémica que aumentó las cotizaciones laborales y redujo los beneficios para los jubilados, lo que provocó masivas protestas contra el Gobierno. Aunque el presidente Daniel Ortega derogó la reforma, en 2019 aprobó nuevos aumentos en las cuotas obrero-patronales y redujo en un 30% las nuevas pensiones. Según economistas independientes, estas medidas afectaron gravemente a la economía formal, y actualmente más del 70% del empleo en el país es informal, sin acceso a seguridad social.
