Esto, a pesar del reciente fallo en contra de México en la disputa bajo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), relacionado con la negativa del país a permitir el uso de glifosato y maíz transgénico.
La presidenta Claudia Sheinbaum declaró que intentará nuevamente prohibir la siembra de maíz genéticamente modificado en México, pero esta vez a través de una reforma constitucional en 2025.
Según Sheinbaum, la modificación a la Constitución se presentaría en las cámaras del Congreso de la Unión en febrero de 2025, cuando se reanuden las sesiones ordinarias.
“El Congreso de México, con el apoyo de las y los senadores y diputados, vamos a revertir esta resolución (del panel), porque en febrero, estoy segura, legislarán para que no se pueda sembrar maíz transgénico y para proteger la biodiversidad de México”, comentó en una conferencia de prensa desde el estado norteño de Chihuahua.
Además, resaltó que el maíz es una planta originaria de Mesoamérica, que nació en lo que hoy conocemos como México, gracias a la domesticación de los pueblos indígenas. Por ello, hizo un llamado a proteger su biodiversidad, ya que el país alberga más de 60 razas de este grano.
“Como decimos: ¡Sin maíz, no hay país!”, subrayó.
El viernes, se reveló el informe final del grupo de tres especialistas del TMEC, el cual concluyó que las medidas adoptadas por México respecto al maíz genéticamente modificado no cumplen con los estándares internacionales y científicos exigidos por el tratado.
Este fallo ha provocado una fuerte reacción por parte del Gobierno mexicano, aunque ha reconocido que acatará la resolución. El resultado se origina de una controversia iniciada por Estados Unidos, a la que se unió Canadá, impugnando dos aspectos del decreto mexicano sobre el glifosato y el maíz transgénico de 2023.
La disputa ha girado en torno a las medidas del Gobierno mexicano que prohíben el uso de maíz transgénico para consumo humano y establecen una sustitución gradual.
Según el panel, estas medidas no están fundamentadas en una evaluación adecuada de riesgos ni en la evidencia científica necesaria, lo que constituye una violación de los principios del TMEC, que requieren políticas comerciales basadas en la ciencia.
Ahora, según las reglas del tratado, México tiene un plazo de 45 días para cumplir con el fallo y ajustar sus medidas conforme a las conclusiones del panel.
Sin embargo, este criterio se limita a un decreto publicado en 2023, y no impide que México reforme su Constitución.
