El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado señaló que áreas clave para el bienestar de los hogares, como salud, experimentan una reducción del 34 por ciento, mientras que los fondos para seguridad y protección ciudadana disminuyen un 36.2 por ciento, y los recursos destinados al medio ambiente y los recursos naturales caen un 39.4 por ciento.
El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) advirtió que Claudia Sheinbaum Pardo enfoca su primer año de gobierno en programas asistenciales y proyectos de infraestructura con baja rentabilidad.
“El Presupuesto para 2025, que será el primero del nuevo gobierno, parece seguir las mismas bases del anterior: programas asistenciales y proyectos de baja rentabilidad”, expresó el organismo encabezado por Carlos Hurtado López.
De los 44 ramos que conforman el gobierno de la República, 35 experimentaron recortes en el Presupuesto de 2025 en comparación con los montos aprobados para 2024, detalló el órgano asesor del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
Añadió que los 9 rubros del gobierno de Claudia Sheinbaum que experimentan incrementos están relacionados con los proyectos y programas prioritarios de la administración.
El gasto en desarrollo agrario, territorial y urbano crece un 183 por ciento, principalmente debido al nuevo programa de vivienda social.
A continuación, se observa un aumento del 65.1 por ciento en el gasto en infraestructura, comunicaciones y transportes, que incluye las nuevas obras ferroviarias en el país, según recordó el organismo encargado del análisis económico en México.
Asimismo, las erogaciones de las entidades no sectorizadas aumentan un 20.7 por ciento, especialmente por las transferencias al programa IMSS Bienestar, y el gasto en Bienestar sube un 2.8 por ciento.
El organismo también destacó que los 9 rubros del gobierno de Claudia Sheinbaum que presentan aumentos están vinculados a los proyectos y programas clave de la administración.
El gasto en desarrollo agrario, territorial y urbano aumenta un 183 por ciento, principalmente por el lanzamiento del nuevo programa de vivienda social.
Además, se registra un incremento del 65.1 por ciento en el gasto destinado a infraestructura, comunicaciones y transportes, lo que incluye las nuevas obras ferroviarias en el país, según lo señalado por el organismo especializado en análisis económico en México.
Por otro lado, las erogaciones de las entidades no sectorizadas crecen un 20.7 por ciento, principalmente por las transferencias al programa IMSS Bienestar, y el gasto en Bienestar experimenta un aumento del 2.8 por ciento.
“Los programas asistenciales del gobierno seguirán destinando recursos a los hogares, e incluso con nuevos programas, es probable que este beneficio se vea reducido por los altos costos asociados a un entorno de baja calidad educativa y de servicios de salud, además del incremento en el gasto en seguridad que deben afrontar las familias.”
En cuanto al presupuesto para el próximo año, aunque las intenciones del gobierno son positivas, el instituto de investigación económica señaló que estas no son suficientes para alcanzar su meta original de reducir el déficit.
Añadió que reducir el déficit en dos puntos del PIB, en lugar de tres como se había planteado inicialmente, no solo es muy complicado, sino que también podría generar desequilibrios importantes en la asignación de los recursos, afectando áreas clave para el crecimiento, la inversión y el bienestar de las familias.
“En el Presupuesto de 2025 se propone una disminución del 3.6 por ciento en términos reales en el gasto total, lo cual, en principio, podría ser una señal positiva para los mercados financieros y para fortalecer la calificación soberana del país”, señaló.
“Sin embargo, más allá de una planeación real, la reducción del gasto responde a una necesidad natural debido a la rigidez de las fuentes de ingresos y al riesgo que implica aumentar los niveles de deuda”, destacó.
Reducir el déficit mediante un recorte de gasto es, sin duda, la opción más adecuada, aunque, reconoció, puede tener un costo elevado. Además, la clasificación administrativa del gasto programable, que muestra quién ejerce los recursos, permite identificar las prioridades del nuevo gobierno.
