La titular de la Contraloría del Estado de Tamaulipas, Norma Angélica Pedraza Melo, confirmó que se está llevando a cabo una investigación por un supuesto desvío de más de 300 millones de pesos en la Secretaría de Salud. Estos recursos, tanto federales como estatales, habrían sido adjudicados directamente a la empresa Proveedora de Equipo de Laboratorio, Curación y Medicamento Maniflosa S.A. de C.V. “Estamos en una fase preliminar de investigación y, de ser grave, se turnará al tribunal correspondiente para hacer la denuncia”, declaró Pedraza Melo.
El presunto desfalco ocurrió a finales del año pasado, cuando la empresa recibió un contrato por adjudicación directa. La contralora señaló que la Secretaría de Salud está revisando sus procesos administrativos para garantizar que la asignación de contratos se ajuste a la legalidad. “Desde que el gobernador asumió el cargo, se hizo el compromiso de rendir cuentas y garantizar la honestidad en la administración pública”, indicó.
La denuncia ya fue presentada ante la Fiscalía General de la República, mientras que la Contraloría continúa su investigación interna. “Estamos llevando a cabo los debidos procesos con la presunción de inocencia. Se ha tomado nota de la situación y la investigación sigue su curso”, afirmó la funcionaria.
Norma Angélica Pedraza Melo subrayó que el gobierno de Américo Villarreal ha sido enfático en su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas. “Este gobierno actúa dentro del marco de la legalidad y daremos seguimiento al caso conforme al debido proceso”, comentó, reafirmando que no se tolerará ninguna irregularidad en el manejo de los recursos públicos.
La investigación aún está en curso y, hasta que no se reúnan todos los elementos necesarios, la Contraloría no ofrecerá más detalles. No obstante, Pedraza Melo aseguró que el expediente avanza y que se aplicará la ley de manera estricta. “El caso está bajo análisis y no dejaremos de actuar conforme a la normativa establecida”, enfatizó.
En 2023, la Contraloría de Tamaulipas envió 24 expedientes al Tribunal de Justicia Administrativa y 10 a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Estos casos incluyen presuntos desvíos de recursos y uso indebido de atribuciones, lo que refuerza la vigilancia del manejo de los fondos públicos en el estado.
