Aunque el aborto es legal en más de 20 estados de México, muchas mujeres siguen enfrentando obstáculos legales, estigmatización y dificultades para acceder a servicios seguros.
Aunque el aborto es legal en más de 20 de los 32 estados de México, muchas mujeres y personas gestantes aún enfrentan obstáculos para acceder a un procedimiento seguro, oportuno y libre de estigma, una demanda persistente en el país en la víspera del Día Internacional de la Mujer este sábado.
Mujeres que han abortado, redes de acompañantes y organizaciones civiles coinciden en que los plazos y las causales legales son insuficientes para garantizar este derecho, ya que, en lugar de facilitar el acceso, complican que muchas mexicanas puedan acceder a un aborto seguro y a tiempo.
Pocos días después de la despenalización en Michoacán en octubre pasado, Citlalli tuvo que viajar a la Ciudad de México para interrumpir un embarazo no deseado, luego de enfrentar una serie de obstáculos que le impidieron realizar el procedimiento en su estado.
A los 22 semanas, finalmente pudo acceder a un aborto seguro, aunque desde el principio estaba segura de su decisión, la cual se vio obstaculizada por la desinformación y el estigma. En su primer intento, el medicamento no funcionó, y no podía acudir a una clínica para un procedimiento ambulatorio.
“Y el tiempo seguía pasando”, compartió la mujer, que prefirió cambiar su nombre debido a la criminalización que aún persiste en el país. Michoacán es uno de los 22 estados que han despenalizado el aborto voluntario, aunque limitado a las 12 semanas, con la excepción de Sinaloa (13 semanas) y Aguascalientes, que lo redujo a seis.
Citlalli pudo viajar a Ciudad de México para abortar gracias a que redes y colectivos locales la orientaron hacia el Fondo María, de la ONG Balance, donde le ofrecieron acompañamiento y apoyo económico. Sin ese apoyo, afirma que “no hubiera tenido más opción que seguir adelante con el embarazo y no habría podido acceder a un aborto seguro.”
Al igual que ella, miles de mexicanas viajan a la capital para interrumpir sus embarazos, pero muchas otras permanecen en sus estados, expuestas al riesgo de procedimientos inseguros o de continuar con el embarazo, a pesar de la sentencia de la Suprema Corte de 2021 que prohíbe la criminalización del aborto en todo el país.
En pie de lucha
Ciudad de México abrió el camino en 2007 al aborto libre hasta el primer trimestre, reformando sus leyes y estableciendo clínicas de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), que en 2025 celebrarán 18 años de funcionamiento. A pesar de ser legal, el estigma y la falta de capacitación médica han dejado huella también en las mujeres de la capital, como Gaby, quien hace cinco años abortó en una clínica pública, pero sufrió violencia por parte del personal médico.
Médicos y enfermeras intentaron condicionarle el tratamiento por negarse a que le colocaran un dispositivo intrauterino de anticoncepción, relató Gaby, y luego se burlaron y ridiculizaron su decisión.
“Sentía que estaba en pie de lucha, defendiendo mis derechos (…) y creo que muchas mujeres se sienten exactamente igual”, afirmó la joven, quien intentó presentar una denuncia en la clínica, pero solo encontró un buzón de quejas y nunca recibió un seguimiento, algo que continúa exigiendo en cada protesta feminista.
“He salido a marchar a gritar con mis hermanas por nuestros derechos, por todo este sistema patriarcal que nos oprime tanto, que nos violenta todo el tiempo”, expresó.
Eliminar el aborto del Código Penal es una de las principales demandas del movimiento feminista en México, que ha ganado fuerza desde noviembre pasado, cuando el Congreso de la Ciudad de México estuvo a punto de eliminar los plazos para acceder al aborto libre.
“Las 12 semanas de gestación no son suficientes”, advirtió Gabriela Millán, del Fondo María, señalando que diversas barreras afectan el acceso y perjudican de manera desproporcionada a personas en situaciones de vulnerabilidad.
La propuesta sigue en el ámbito legislativo, “en el máximo histórico al que había llegado”, señaló Francisco Cué Martínez, del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE). “Se trata de un auténtico cambio de paradigma que permitiría (…) abandonar de una vez por todas el sistema penal para determinar quién, cuándo y cómo puede acceder a un servicio básico de salud”, destacó el abogado.
