A más de un año de que se autorizara el incremento de la tarifa del transporte público de 9 a 11 pesos por pasajero, los concesionarios no han cumplido con las mejoras exigidas por el gobierno estatal, ni con la modernización de sus unidades, informó el subsecretario de Transporte Público, José Armando Lara Valdés. “No han mejorado ni la imagen de sus unidades ni se han sometido al proceso de deschatarrización”, señaló el funcionario, quien afirmó que el incumplimiento ha sido generalizado en la mayoría de los concesionarios.
En agosto de 2024, cuando se autorizó el aumento en la tarifa, se establecieron compromisos claros para los concesionarios, entre ellos la renovación de unidades con más de 20 años de antigüedad. Sin embargo, Lara Valdés mencionó que hasta la fecha, esas condiciones no se han cumplido. “Actualmente todas las unidades tienen más de 20 años de antigüedad, y muchas no han pasado por el proceso de reconvención en dos décadas, un proceso que debería realizarse cada cinco años”, subrayó.
Ante la falta de avances, el subsecretario fue enfático al declarar que no se autorizará ningún aumento adicional en las tarifas del transporte público. “Está acordado con los concesionarios en el Estado: el incremento no es por una acción o una petición que ellos hagan. No va a suceder”, puntualizó Lara Valdés, dejando claro que cualquier concesionario que infrinja este acuerdo será sancionado severamente.
El funcionario explicó que las multas por violar la tarifa autorizada podrían superar las 400 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a más de 9 mil 516 pesos. “Si yo sorprendo a alguien cobrando una tarifa no autorizada, se va a hacer una sanción muy fuerte”, advirtió. Además, pidió a los concesionarios no incitar a los usuarios con falsas expectativas sobre posibles aumentos.
Lara Valdés también destacó que, de los 4 mil concesionarios que operan en el Estado, aproximadamente 2 mil 500 están en uso, pero si se sometieran todas las unidades al proceso de revisión, únicamente quedarían en circulación mil vehículos en condiciones óptimas. Esta situación, según el subsecretario, pone de manifiesto la necesidad de tomar medidas más drásticas.
Ante la falta de cumplimiento por parte de los concesionarios, el gobierno estatal está considerando alternativas para mejorar el servicio de transporte público, como la entrega de concesiones sin uso a nuevos operadores interesados en incursionar en el sector. “Hay una lista de espera de personas y empresas que quieren incursionar en el transporte público, y estamos evaluando esa opción”, indicó Lara Valdés.
En cuanto a la posibilidad de permitir la incursión de empresas privadas en el transporte público, el subsecretario mencionó que esta opción podría ser viable en ciudades grandes del Estado, aunque aclaró que en la capital, Ciudad Victoria, no se han presentado propuestas de este tipo.
Finalmente, el subsecretario recordó que la tarifa autorizada para el transporte público en la entidad es de 11 pesos para adultos y 9 pesos para estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad, y que cualquier variación en ese costo será sancionada. “La tarifa no se mueve, no está autorizada”, concluyó.
