El juez Myong J. Joun dictó una orden judicial que detiene el intento de la administración Trump de despedir a aproximadamente la mitad del personal del Departamento de Educación. La decisión también instruye al gobierno a reincorporar a los trabajadores mientras continúa el proceso legal.
El intento de la administración Trump por desmantelar el Departamento de Educación fue detenido por un tribunal federal el jueves, cuando un juez bloqueó los esfuerzos del gobierno para transferir las funciones del organismo a otras dependencias. Además, ordenó restituir a los empleados despedidos, al considerar que las acciones del Ejecutivo eran ilegales y provocaban una disrupción significativa.
El juez Myong J. Joun emitió una orden judicial que impide el despido de cerca del 50% del personal del Departamento de Educación, y exigió que el gobierno reincorpore a los trabajadores mientras continúa el proceso judicial.
La orden judicial también impide la implementación de la directiva del expresidente Trump de transferir la gestión de los préstamos estudiantiles federales a la Administración de Pequeñas Empresas, así como los programas de educación especial al Departamento de Salud y Servicios Humanos.
Estas medidas forman parte de una estrategia más amplia impulsada por la administración Trump para desmantelar el Departamento de Educación, lo que llevó a varios estados gobernados por demócratas, distritos escolares y sindicatos de maestros a presentar una demanda ante un tribunal federal en oposición a dichas acciones.
Aunque la administración Trump justificó los despidos en el Departamento de Educación como una medida orientada a mejorar la “eficiencia”, el juez Myong J. Joun concluyó que no existe evidencia que respalde esa afirmación. Por el contrario, señaló que el expediente está lleno de pruebas que muestran lo opuesto y advirtió que los recortes de personal “probablemente paralizarán” al organismo. Según Joun, el expresidente estaría utilizando estas reducciones como una vía para “desmantelar de facto el Departamento sin una ley que lo autorice”.
El fallo también establece que la Casa Blanca no tiene facultades para eliminar el Departamento de Educación sin la aprobación del Congreso. Joun enfatizó que la orden de Trump contradice directamente los propósitos legislativos que dieron origen al organismo y sostuvo que el Ejecutivo carece de autoridad para eliminar departamentos y programas creados por el Congreso mediante despidos masivos.
Hasta ahora, ni la administración Trump ni el Departamento de Educación han respondido a las solicitudes de comentarios. Por su parte, los demandantes celebraron la decisión judicial. La presidenta de la Federación Estadounidense de Maestros, Randi Weingarten, la calificó como “un primer paso para revertir esta guerra contra el conocimiento y el debilitamiento de las oportunidades para todos”. De forma similar, Skye Perryman, directora ejecutiva de Democracy Forward, aseguró que la resolución impide que continúe “el despido masivo y desastroso de funcionarios públicos de carrera” mientras se desarrolla el litigio contra una acción que calificó de “profundamente perturbadora e ilegal”.
En su resolución, Joun dejó claro su postura con una frase contundente: “Un departamento sin suficiente personal para cumplir con las funciones que le exige la ley no es un departamento en absoluto. Este tribunal no puede permanecer indiferente mientras se despide a empleados y se transfieren unidades hasta que el Departamento quede reducido a una sombra”.
Puntos clave a seguir
El fallo del juez Myong J. Joun es provisional y permanecerá en vigor mientras el caso continúe en trámite judicial. Se espera que la administración Trump apele la decisión, buscando que un tribunal superior anule la medida y permita reanudar los despidos masivos en el Departamento de Educación. En el futuro, tanto Joun como otros jueces podrían emitir un fallo definitivo que detenga los despidos de forma permanente o que autorice a la administración a continuar con el desmantelamiento del organismo.
Impacto de los despidos masivos
De acuerdo con la evidencia presentada ante la corte, los recortes de personal han debilitado gravemente la capacidad operativa del Departamento de Educación. En su fallo, el juez Joun señaló que estas reducciones han “destruido efectivamente” áreas clave del organismo, dejándolo “incapaz de cumplir con muchas de sus funciones esenciales establecidas por ley”.
Según el litigio, entre los despidos más significativos se encuentran: la mayoría de los abogados del departamento, personal clave en programas de ayuda estudiantil, todo el equipo de comunicaciones, especialistas en relaciones con becarios, casi todo el personal del Instituto de Ciencias de la Educación, y toda la Oficina de Educación Internacional y de Idiomas Extranjeros.
Esto ha derivado en consecuencias directas como errores en la distribución de fondos federales, falta de respuesta a denuncias de discriminación o agresiones, disminución en las subvenciones —lo que podría encarecer los estudios superiores—, demoras en solicitudes de ayuda financiera y una menor supervisión en la gestión de préstamos educativos.
Además, distritos escolares advirtieron que la incertidumbre sobre la disponibilidad de fondos federales afecta su capacidad de planificación, y que servicios fundamentales podrían verse perjudicados si los recortes o retrasos en la financiación continúan.
Contexto general
Eliminar el Departamento de Educación ha sido una pieza central en la agenda de Donald Trump. Aunque la agencia fue establecida por el Congreso en 1979, el movimiento conservador ha promovido recientemente su eliminación, proponiendo que los estados asuman plenamente la gestión educativa. El cierre de la agencia figura como una prioridad en el Proyecto 2025, una hoja de ruta política impulsada por la derecha.
En marzo, Trump firmó una orden ejecutiva que instruía a la secretaria de Educación, Linda McMahon, a implementar todas las acciones necesarias para cerrar el departamento y “devolver el control educativo a los estados y comunidades locales”. Sin embargo, debido a que el Congreso tiene la autoridad final sobre la existencia del departamento, la administración no ha podido eliminarlo por completo. En su lugar, ha optado por medidas como los despidos masivos y la transferencia de funciones a otras agencias federales.
Estos despidos forman parte de una estrategia más amplia para reestructurar el gobierno federal, promovida con la colaboración del empresario Elon Musk y su llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental. El juez Joun se suma a una serie de jueces federales que han fallado en contra de estas acciones mientras los casos siguen su curso legal.
