Las protestas de migrantes en Los Ángeles comenzaron el 6 de junio, desencadenadas por una serie de redadas masivas realizadas por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) contra migrantes indocumentados en diversos puntos de la ciudad, considerada un “santuario” para esta población.
Estas redadas, que formaban parte de una estrategia de deportación impulsada por la administración del presidente Donald Trump, se llevaron a cabo en lugares como el Distrito de la Moda, un mayorista de ropa y una sucursal de Home Depot, resultando en la detención de más de 100 personas, incluyendo al menos 44 arrestos reportados el viernes y un total de 118 migrantes indocumentados detenidos hasta el 7 de junio, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
La respuesta de la comunidad fue inmediata, con manifestaciones que iniciaron el mismo viernes 6 de junio en el centro de Los Ángeles, particularmente alrededor del Centro de Detención Metropolitano y en áreas como Westlake y Paramount.
Los manifestantes, en su mayoría de origen latino, protestaron contra lo que consideraron políticas migratorias “crueles” y detenciones “arbitrarias”, organizándose de manera orgánica a través de redes sociales y mensajes de texto que alertaban sobre la presencia de ICE.
Las protestas escalaron rápidamente, con enfrentamientos entre manifestantes y agentes de ICE, así como con la policía local, que utilizó gas lacrimógeno, granadas aturdidoras y municiones no letales para dispersar a la multitud.
El sábado 7 de junio, las protestas continuaron en vecindarios como Paramount y Compton, donde se reportaron actos de vandalismo, como la quema de un vehículo y el uso de carritos de compras para bloquear calles.
La tensión aumentó con la intervención de agentes federales, incluyendo personal del FBI y la DEA, y el uso de equipo antidisturbios.
En respuesta, el presidente Trump ordenó el despliegue de 2,000 efectivos de la Guardia Nacional a Los Ángeles el 8 de junio, una medida que el gobernador de California, Gavin Newsom, calificó como una “violación de la soberanía estatal” y “deliberadamente incendiaria”.
Estas protestas reflejaron un descontento generalizado por las políticas migratorias de Trump, con consignas como “No somos el enemigo” y “Los inmigrantes hacen grande a Estados Unidos”, y se intensificaron por la percepción de que las redadas no solo apuntaban a indocumentados, sino que también afectaban a residentes legales y se basaban en perfiles raciales.
