El Tribunal de Justicia Administrativa determinó la deshabilitación de dos exfuncionarios del gobierno de García Cabeza de Vaca por cometer presuntos actos de corrupción, reveló la contraloría gubernamental, Norma Angélica Pedraza Melo.
Ambos exfuncionarios ocupaban el cargo de director en organismos públicos descentralizados, nombres que se reservó toda vez que sigue en curso un proceso legal en contra de ambas personas.
“Por el lado de la investigación administrativa hay fases en el proceso y algunos incluso se han turnado al Tribunal de Justicia Administrativa por que se estimaron faltas graves”, dijo.
La Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas establece como faltas graves los actos de soborno, participación ilícita en procesos administrativos, tráfico de influencias, manejo de información falsa, colusión, uso indebido de recursos públicos, y contratación indebida.
La inhabilitación se dio en desenlace de los 167 expedientes abiertos por el proceso de entrega-recepción que inició a finales del año pasado después de instalarse la nueva administración estatal.
De ese universo de expedientes, 52 se convirtieron en denuncias penales presentadas ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJT), mismas que se deben turnar a la Fiscalía Anticorrupción para iniciar con las investigaciones y judicializar cada una de las carpetas.
“Ante la Fiscalía y corresponde a ellos atender el proceso de esas denuncias que hemos presentado, pero de todas las presuntas faltas o delitos que se han identificado se han integrado elementos y los titulares de las dependencias y entidades han presentado oficios ante la Fiscalía local”, dijo.
En ese sentido, dijo que paralela a la investigación judicial, la Contraloría realiza las investigaciones administrativas en donde se determinará si se cometieron faltas administrativas graves o no graves durante el desempeño de sus funciones en un cargo público.
“Por el lado de la Fiscalía son presuntos delitos y tienen sus procesos para seguirlo, por el lado de la Contraloría nuestra responsabilidad es la investigación administrativa y sancionar presuntas faltas administrativas”.
¿Cuál es el tiempo de espera?
La Contraloría y la Fiscalía local tienen un tiempo definido para acreditar y comprobar los delitos que se presumen cometieron los funcionarios públicos.
En las faltas no graves en materia de investigación son tres años para que prescriba la falta, mientras que en faltas administrativas graves son siete años en las que prescribe.
“Digamos que esos son los tiempos, pero llevamos dos personas inhabilitadas que son exfuncionarios de una entidad pública, o de organismo público descentralizado. Tenemos siete amonestaciones y estamos trabajando porque la Contraloría sanciona las faltas no graves”.
