Luis Eduardo González Cepeda, presidente de la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos (UMFFAAC), denunció que anualmente se venden en el país 300 millones de dólares de plaguicidas ilegales, adulterados o robados, los cuales ponen en riesgo la vida de agricultores, cultivos y el medio ambiente.
“Estamos preocupados porque en el 2020 había 200 millones de dólares de productos y plaguicidas ilegales, de esa fecha para acá no ha habido ninguna mejora, ha empeorado y continúa el crecimiento de los productos ilegales”, comentó el empresario.
“Calculamos que sólo en el tema de plaguicidas el valor de productos ilegales sobrepasa ya los 300 millones de dólares, todos aquellos que no tienen registro, están adulterados o proceden de robos”, aseguró el representante del organismo.
La venta de productos ilegales sin restricciones, sin consignación de responsables ante la autoridad ni vigilancia en la materia es preocupante, advirtió González Cepeda.
A pesar del peligro que representan para la vida de los agricultores y sus familias, así como el medio ambiente y la producción de alimentos, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no ha hecho nada sobre este tema, reclamó el líder de la UMFFAAC, quien llamó a que se aplique la ley.
Apuntó que el agricultor que compra un producto sin registro o adulterado puede perder su cosecha o hasta la vida, toda vez que la sustancia que contiene dentro del envase no necesariamente es la que dice en la etiqueta y eso puede causar intoxicaciones tanto a agricultores como a los consumidores de vegetales, frutas y verduras donde se realizó la aplicación.
La normatividad, agregó, exige que los plaguicidas estén registrados específicamente para el cultivo y la plaga que tiene como objetivos controlar bajo una regulación muy robusta, regida por estándares y criterios internacionales de toxicidad, persistencia y límites máximos de residuos.
Dichos criterios son establecidos por organismos internacionales de seguridad alimentaria y están fundamentados en evidencia científica.
El objetivo de la normatividad, abundó, es asegurar que cualquier residuo que pueda permanecer en el alimento tras su aplicación sea seguro para el consumo humano, lo cual no sucede con los productos ilegales al no pasar por un proceso de registro ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Esta situación también se aplica a los productos orgánicos utilizados para el control de plagas. A pesar de su origen natural, estos pueden presentar desafíos para la salud si no se manejan adecuadamente, advirtió el dirigente del sector.
El mercado ilegal, añadió, crece porque el gobierno no ha implementado inspecciones, confiscación de productos ilícitos, investigaciones exhaustivas, ni mucho menos consignaciones.
Al respecto, González Cepeda reconoció la preocupación que ha manifestado el gobierno de Guanajuato, a través de la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural, a cargo de Paulo Bañuelos Rosales, quien impulsa el Programa Guanajuato Zona Premium de México.
En dicho programa se establece una base legal y operativa para que, con el uso de actos de autoridad, se evite que los plaguicidas de uso agrícola se utilicen en condiciones que no se apeguen a la normatividad.
El líder de la UMFFAAC consideró que la iniciativa reviste particular importancia para Guanajuato y debería ser tomada como ejemplo en otras entidades, pues la actividad agropecuaria en Guanajuato representa, según el Inegi, el 5.3% del producto interno bruto, lo que incide en aproximadamente el 15% de la economía estatal por la generación de empleo directo e indirecto, toda vez que se demandan insumos como combustibles, fertilizantes, semillas, energía; así como maquinaria y equipos especializados.
