La Organización de los Estados Americanos (OEA) acusó este miércoles a los perdedores de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Guatemala de poner “en riesgo la estabilidad democrática del país” con sus intentos de revertir la voluntad popular mediante una “extrema judicialización” del proceso.
La misión electoral desplegada en el país centroamericano presentó ante el Consejo Permanente de la OEA un informe en el que denuncia los esfuerzos para revisar los votos “a pesar de no existir ninguna evidencia contundente o indicio de que los resultados presentados hubieran sido manipulados”.
La Misión considera que el abuso de los instrumentos legales por parte de actores insatisfechos con los resultados introdujo un alto grado de incertidumbre en el proceso electoral y puso en riesgo la estabilidad democrática del país”, subrayó.
En la primera vuelta del pasado 25 de junio, el candidato anticorrupción Bernardo Arévalo de León dio la sorpresa al conseguir pasar a segunda ronda, en la que competirá con la ex primera dama Sandra Torres.
Sin embargo, varios partidos y el Ministerio Público trataron de apartarlo del proceso con un recuento de los votos y un intento para suspender a su partido, el Movimiento Semilla, por un supuesto caso de corrupción.
La misión electoral de la OEA, que tuvo que desplegarse de nuevo en Guatemala ante la incertidumbre generada tras los comicios, concluyó en su informe que varios actores sembraron “dudas infundadas sobre el proceso” con el objetivo de “detener la oficialización de los resultados”.
Denunció que los partidos que impugnaron los comicios fueron los que más personal tenían desplegados en los colegios el día de la elección y que en su momento no levantaron reclamaciones.
Después de la revisión de los votos, la delegación de la OEA constató que “los resultados definitivos fueron casi idénticos a los resultados preliminares, con cambios mínimos”, y fueron oficializados por el Tribunal Supremo Electoral.
Tras ello, el Ministerio Público ordenó suspender al Movimiento Semilla y allanó la sede del Tribunal Supremo Electoral, pero la Corte de Constitucionalidad falló que los resultados de la primera vuelta no quedaban alterados por esa investigación penal.
La OEA expresó en el informe su “preocupación” de cara a la segunda vuelta del 20 de agosto, en la que remarcó que el abuso de los instrumentos legales “no se puede repetir”.
A pesar de todo, el organismo panamericano celebró el amplio abanico de actores institucionales, políticos, económicos y sociales que salieron a “defender la integridad del voto y el respeto a la voluntad popular”.
