La transición energética conlleva un aumento en la adopción de vehículos eléctricos, lo que podría resultar en una disminución en la demanda de combustibles y, por ende, en menores ingresos para Pemex.
El NRGI alertó que la transición energética, siendo un fenómeno global, podría exacerbar la crisis en Petróleos Mexicanos (Pemex) y potencialmente desencadenar una crisis en México si el gobierno federal continúa proporcionando apoyos a la empresa estatal sin imponer condiciones.
“Fernanda Ballesteros, líder del trabajo de NRGI en México y miembro del grupo de coordinación de transición energética de la organización, enfatizó la importancia de tomar decisiones más acertadas en relación con las prácticas actuales y abogó por una mayor transparencia y claridad en la evaluación del riesgo asociado a la transición”, manifestó.
Durante la presentación del informe “Pemex y la transición energética: respuestas oportunas a desafíos crecientes”, Andrea Furnaro, analista de políticas en NRGI, explicó que una disminución sostenida en la demanda global de petróleo es cada vez más probable, siendo un factor crucial el cambio hacia la electromovilidad en el parque automotor.
Furnaro señaló que las proyecciones indican un aumento en las ventas de vehículos eléctricos, pasando del 18% en 2023 al 50% en 2030, y varias organizaciones pronostican que la demanda mundial de petróleo alcanzará su punto máximo en esta década.
Andrea Furnaro señaló que, aunque la demanda interna podría mitigar los efectos de una disminución en la demanda internacional, lo que ocurra en el mercado petrolero global es de vital importancia para Pemex.
Ante este escenario, existe el riesgo de que miles de empleos se pierdan, afectando a 117,000 colaboradores directos y 400,000 indirectos, especialmente en estados como Tabasco y Campeche, las principales regiones petroleras del país. Además, se prevé un impacto fiscal significativo, dado que Pemex contribuye de manera considerable a los ingresos del gobierno federal. Además, varios activos petroleros podrían enfrentar dificultades financieras.
La analista de NRGI subrayó que el valor de las inversiones en diferentes proyectos no alcanza el punto de equilibrio en un contexto de transición global relativamente rápida, y que la mayoría de las posibles inversiones de Pemex en la próxima década solo serían rentables en asociación con otras entidades.
En este escenario, existe la posibilidad de que se desencadene una espiral de deuda, en la que los acreedores, preocupados por la capacidad de Pemex para pagar sus obligaciones y la eventual pérdida de respaldo financiero por parte del gobierno federal, aumenten las tasas de interés a las que la petrolera puede obtener financiamiento.
Esta situación podría llevar a mayores dificultades para que Pemex genere ganancias y aumentaría sus pérdidas. De hecho, los acreedores ya están comenzando a exigir tasas de interés más altas en los préstamos otorgados a la empresa estatal.
Ante este panorama, Fernanda Ballesteros destacó que algunas estrategias para que Pemex pueda enfrentar la transición energética incluyen el reconocimiento y la evaluación del riesgo asociado con dicha transición, la mitigación de este riesgo a través de un plan de negocios resistente y la supervisión del riesgo de transición por parte del Estado mexicano.
En relación con este último punto, Ballesteros precisó que la Secretaría de Energía debería desarrollar una planificación estratégica para acelerar la transición y garantizar una gestión más efectiva del riesgo. Por otro lado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) debería reconsiderar las condiciones para la transferencia de recursos a Pemex, priorizando la responsabilidad fiscal y la transparencia en la gestión de los fondos públicos.
Además, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) podría incorporar la evaluación del riesgo de transición como parte del análisis para la aprobación de nuevos proyectos operativos. Es fundamental seguir exigiendo una mayor transparencia y rendición de cuentas en Pemex, así como mejorar la toma de decisiones mediante un esquema de gobernanza que esté alineado con los objetivos de la empresa.
